La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una actualización de la ley contra la violencia de género que prohíbe la compra de armas a cualquier persona condenada por acoso o violencia doméstica, un punto que podría complicar su aprobación en el Senado.
«Esto no debería ser una cuestión demócrata o republicana: se trata de oponerse al abuso de poder y prevenir la violencia», dijo el presidente Joe Biden, al saludar el voto de la cámara baja y exhortar al Senado a hacer lo propio.
Senador de larga trayectoria, el demócrata Biden fue el autor de la primera versión de esta Ley de Violencia contra Mujeres aprobada en 1994, uno de los logros de los que se siente más orgulloso.
La votación en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, se produjo un día después del tiroteo en Atlanta (Georgia), donde un hombre armado disparó y mató a ocho personas, entre ellas siete mujeres. Seis de sus víctimas eran de origen asiático.
Este evento «es un doloroso recordatorio de que las ideologías de odio, incluyendo la misoginia y el racismo, se vuelven mortales en Estados Unidos por el fácil acceso a las armas», dijo Shannon Watts, fundadora de la ONG Moms Demand Action, en un comunicado.
El proyecto de ley se aprobó en la cámara baja por 244 votos a favor y 172 en contra. Hecho insólito en un Congreso muy dividido, 29 republicanos votaron a favor del proyecto de ley.
Pero la aprobación en el Senado, donde 10 republicanos tendrían que unirse a los 50 demócratas, parece difícil.
Un proyecto previo para actualizar esta legislación fue aprobado en la Cámara de Representantes en 2019, pero se estancó en el Senado cuando los republicanos, entonces mayoritarios, impidieron que se votara.
Sus críticas se centran en una nueva disposición que amplía la prohibición de comprar o poseer un arma a todas las personas condenadas por violencia doméstica o acoso. Anteriormente, esta prohibición sólo aplicaba si la víctima había estado casada, convivido o tenido un hijo con el agresor.
El nuevo texto también refuerza la protección de las personas LGBTQ, indígenas e inmigrantes indocumentados.
Este proyecto se basa en «la política de identidad de la izquierda radical», estimó la legisladora republicana Debbie Lesko.
