La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este miércoles al Estado colombiano proteger de «forma inmediata» a la periodista Jineth Bedoya, quien hace dos décadas fue violada y torturada por paramilitares de ultraderecha con la presunta complicidad de agentes oficiales.
«Este Tribunal considera que existe (…) una situación de extrema gravedad y urgencia, con la perspectiva de sufrir un daño irreparable, en contra de las presuntas víctimas Jineth Bedoya Lima y (su madre) Luz Nelly Lima», explicaron los magistrados en una resolución.
La Corte IDH, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sentó en el banquillo al Estado colombiano por el ataque que sufrió la comunicadora en el año 2000, cuando fue torturada y violada por paramilitares que la secuestraron frente a la cárcel La Modelo de Bogotá mientras investigaba una red de tráfico de armas en el penal.
Los paramilitares, algunos ya condenados por esta agresión, fueron milicias de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas en Colombia, hasta su desmovilización en 2006.
Bedoya, de 47 años, alega que la agresión se dio con complicidad de agentes del Estado, especialmente de un «influyente» general de la Policía, de acuerdo al testimonio que dio ante la corte la semana pasada.
En su declaración, la periodista aseguró haber sido víctima de amenazas desde hace al menos dos décadas y que las intimidaciones han aumentado a raíz del juicio en curso.
La corte calificó este amedrantamiento como «de extrema gravedad» y ordenó al estado presentar un informe sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Bedoya y de su madre a más tardar el 9 de abril.
«La adopción de medidas provisionales no implica una decisión sobre el fondo de la controversia (…) ni prejuzga la responsabilidad estatal en los hechos denunciados», aclararon los jueces en su escrito.
Las partes tienen plazo hasta el 23 de abril para presentar sus alegatos finales.
El martes el encargado de la defensa de Colombia, Camilo Gómez, pidió perdón a Bedoya por haberle exigido declarar en 12 ocasiones durante la investigación del crimen y aceptó «fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima».
Sin embargo, Gómez aseguró que no existen pruebas «suficientes para demostrar la participación de agentes estatales en los hechos».
Los jueces no tienen un plazo para emitir sentencia. Sin embargo, los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
