El Tribunal Constitucional de Alemania suspendió este viernes el proceso de ratificación del plan de recuperación pospandemia de la Unión Europea (UE), debido a un recurso contra este mecanismo basado en una deuda común de países del bloque.
El alto tribunal «decidió que el jefe de Estado no debe firmar» el texto de la ley sobre este plan, que acaban de aprobar los parlamentarios, hasta que se adopte una decisión sobre un recurso de urgencia interpuesto, indica un comunicado de la corte.
Las dos cámaras del parlamento nacional acaban de aprobar esta semana el texto de ley.
Todo ello puede retrasar la implementación del fondo, dotado con 750.000 millones de euros (911.000 millones de dólares), en momentos en que la pandemia no cesa en Europa y sigue afectando a sectores enteros de la economía.
Este plan, arduamente negociado el verano boreal pasado en el bloque europeo, tiene como objetivo paliar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 en el continente.
El plan se basa en un mecanismo sin precedentes de deuda común de todos los Estados miembros. Una parte del dinero se transferirá en forma de subvenciones (312.500 millones de euros, 368.000 millones de dólares), sobre todo a los países más impactados.
Es precisamente esta inédita mutualización de deudas de los países europeos lo que cuestionan quienes recurrieron el plan ante la corte constitucional alemana.
La extrema derecha alemana, el partido AfD, también anunció su intención de atacar el fondo por inconstitucionalidad.
Datos
Quienes se oponen al texto alegan que las leyes alemanas prohíben al país compartir el peso de la deuda con otros Estados.
Ven en ello una política de «transferencia financiera» inaceptable de países supuestamente virtuosos en sus presupuestos, hacia países negligentes.
La decisión de la corte será por tanto muy escrutada.
Ya se han interpuesto varios recursos en el pasado, sobre temas similares, en relación con las medidas de apoyo a la economía adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort.
Hasta ahora, los jueces supremos han terminado por aceptar esas medidas, pero cada vez con más reservas, dando a entender que según ellos se rozaban los límites de lo jurídicamente posible en Alemania.
Este retraso es un duro golpe para el gobierno de la canciller Angela Merkel, que siempre apoyó este fondo, sumándose entre otros a Francia, Italia y España, con lo que puso fin a un tabú en su propio país.
