La Justicia uruguaya ha dictado prisión preventiva contra el coronel retirado Eduardo Ferro, llegado este sábado 27 de marzo desde España, desde donde fue extraditado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En concreto está acusado del secuestro y desaparición del militante del Partido Comunista de Uruguay Óscar Tassino, ocurrida en el año 1977, en plena dictadura, ha informado la cadena uruguaya TV Ciudad.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ha informado de la prisión preventiva «hasta que se diluciden las nuevas excepciones de inconstitucionalidad que se plantearon. Que ya están resueltas, pero que se plantearon nuevamente». No hay una fecha fija para que se resuelva.
Ferro fue detenido el 27 de enero en España a raíz de una petición de captura internacional que realizó en 2017 la jueza penal Dolores Sánchez. Su extradición había sido iniciada y concedida en 2018, pero en aquella instancia no se concretó porque en el militar retirado se fugó de las autoridades españolas.
Ferro está acusado del secuestro y desaparición de Tassino y de ser uno de los principales ejecutantes del Plan Cóndor en Uruguay, un plan coordinado de represión de la disidencia de izquierdas puesto en macha por varias dictaduras latinoamericanas.
El represor fue jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, además de participar en el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Según la organización Proyecto Desaparecidos, fue autor material de la muerte del escribano Fernando Miranda. En Argentina fue responsable por la tortura de Andrés Bellizi y Jorge Goncalves, entre otros.
Asimismo, se ha informado de que «se deshizo» del cuerpo de María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman, secuestrada en Argentina mientras estaba embarazada y posteriormente asesinada. También participó en el traslado ilegal a Montevideo de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos pequeños hijos, secuestrados en Brasil en 1978.
Además habría sido responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, ya en democracia.
