México y Argentina pidieron este miércoles al Fondo Monetario Internacional (FMI) alivios de deuda para los países de renta media, advirtiendo que concentran la mayor parte de la población que cayó en pobreza extrema durante la pandemia.
La solicitud llega el mismo día en que los ministros de Finanzas del G20, reunidos telemáticamente bajo la coordinación de Italia, pidieron al FMI aumentar la ayuda para las naciones pobres azotadas por el covid-19, al tiempo que extendieron la moratoria de la deuda para esos países hasta finales de 2021.
En un comunicado conjunto los gobiernos de Argentina y México, miembros del G20, señalaron que los países de ingresos medios se encuentran «olvidados» entre las naciones ricas y pobres, pese a representar 75% de la población mundial y 62% de la población en situación de pobreza.
Indicaron además que, a pesar de tener acceso a los mercados de capital, sus tasas de interés no son bajas.
Por ello plantearon examinar mecanismos para que esas naciones «puedan aprovechar la nueva asignación proporcional de los derechos especiales de giro» del FMI, equivalente a unos $us 650.000 millones para apoyar la recuperación de la crisis provocada por la pandemia.
También pidieron analizar la creación de un «fondo específico dentro de las instituciones financieras internacionales» que permita la «reestructuración de la deuda de los países de ingresos medios y el mejoramiento de sus condiciones financieras».
«Esto evitará que la crisis de salud y económica se convierta en una crisis de deuda en el mediano plazo», subrayó la declaración emitida en el marco de la cita del G20.
Los dos países latinoamericanos mencionaron estimaciones del Banco Mundial según las cuales 120 millones de personas cayeron en pobreza extrema a finales de 2020, de las cuales 94 millones provendrían de naciones de renta media.
La deuda pública de México representaba el 52,3% del PIB a fines del año pasado, según datos oficiales.
Por su parte, Argentina debe pagar al FMI $us 3.500 millones este año, otros $us 18.000 millones en 2022 y 19.000 millones en 2023, una deuda que el presidente Alberto Fernández ha llamado «impagable» en las condiciones en la que fue pactada.
