La corte suprema de Brasil decidió este jueves que las autoridades regionales pueden prohibir los cultos religiosos presenciales durante la pandemia de coronavirus, que está matando a miles de personas por día en el país sudamericano.
Por 9 votos contra 2, los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) zanjaron un asunto que generaba disputas judiciales y políticas, en un momento en que el país atraviesa el peor momento de la pandemia, con más de 4.000 muertos en 24 horas en los últimos dos días y un total de 345.000.
Dos jueces del STF emitieron en los últimos días cautelares contradictorias y el presidente Jair Bolsonaro, crítico de todas las medidas de aislamiento, manifestó su deseo de que el máximo tribunal permitiera mantener las iglesias abiertas.
Gilmar Mendes, autor de la cautelar que avalaba la prohibición de cultos en Sao Paulo, defendió la autonomía de alcaldes y gobernadores para definir medidas de contención del coronavirus.
La mayoría destacó la importancia de la libertad de religión y credo, pero consideró que el culto presencial representaba por el momento un riesgo inaceptable.
«Si queremos rezar, recemos en casa. No hay necesidad de abrir el templo en semejante contexto», dijo el decano de la corte, Marco Aurélio Mello.
Otro juez, Edson Fachin, destacó la situación de descontrol de la pandemia.
«A cada instante que transcurre sin que la gente permanezca en sus casas, más se propaga la pandemia. Los hospitales no consiguen atender a todos. Ante la inminencia del colapso, no pueden tolerarse más riesgos», afirmó.
El magistrado Kassio Nunes Marques, nombrado recientemente por Bolsonaro, votó en cambio a favor de mantener abiertos los cultos presenciales.
«Si un ciudadano brasileño quiere ir a su templo, iglesia o establecimiento religioso para orar, rezar, pedir, inclusive por la salud del prójimo, tiene derecho a hacerlo, dentro de límites sanitarios rigurosos», alegó.
«Para quien no cree en Dios, eso tal vez no tanga mucha importancia. Pero para la gran mayoría de los brasileños es un derecho relevante», añadió.
El Fiscal General, Augusto Aras, y el Abogado General de la Unión (AGU, que defiende los intereses del Estado), André Mendonça, alegaron igualmente contra la prohibición.
«Es necesario recordar el lugar de la religión en un Estado democrático de derecho y tener presente que si el Estado es laico, la gente no lo es», dijo Aras.
Mendonça, un pastor presbiteriano, afirmó que «no hay cristianismo sin vida comunitaria» y que «los verdaderos cristianos (…) están siempre dispuestos a morir para garantizar la libertad de religión y culto».
Tanto Mendonça como Aras, según los medios, pugnan por los favores de Bolsonaro para reemplazar a uno de los 11 jueces del STF que se jubilará en julio.
El mandatario ya indicó que podría nombrar a un evangélico, satisfaciendo a ese sector de la sociedad que constituye una importante base de apoyo para el mandatario ultraderechista.
