Naciones Unidas se ha declarado «preocupada» por el aumento de la violencia en territorios controlados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en Colombia, al tiempo que ha pedido el cese «inmediato» de las hostilidades, «reforzando los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto».
La ONU ha condenado esta violencia, «que se ha agravado en las últimas semanas», y está dirigida principalmente contra comunidades, personas defensoras de los Derechos Humanos, líderes sociales y comunitarios y excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La organización ha puesto el foco en la «problemática» que atraviesa el departamento del Cauca, donde «se evidencia el deterioro de la situación de Derechos Humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública», hechos ocurridos durante marzo y abril de este año.
El asesinato de la gobernadora indígena del resguardo de La Laguna, en Caldono, Sandra Liliana Peña, y el posterior ataque armado en contra de la comunidad indígena a la cual pertenecía —donde resultaron heridas decenas de personas— son algunos de los hechos ocurridos recientemente en este departamento.
De igual forma, la ONU ha mostrado su preocupación por el aumento de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP en diferentes regiones del país. Durante la última semana han sido asesinadas siete personas en proceso de reincorporación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare y Meta.
«Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado», ha reiterado Naciones Unidas.
Precisamente, este es uno de los aspectos más destacados del último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el país latinoamericano, en el que exponía que para hacer realidad la promesa de una paz duradera es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país. Tal presencia, además, debe incluir a aquellos que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los Derechos Humanos.
La ONU ha reiterado su «solidaridad» con todas las víctimas y «continuará acompañando a las comunidades, a las autoridades étnicas y a los entes del Estado para hecer frente a estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz».
De forma paralela, ha insistido en el llamamiento de Guterres al cese de hostilidades que permita avanzar en los esfuerzos de recuperación en el país en medio de la pandemia de COVID-19 y ha instado a reforzar las medidas para salvaguardar de manera efectiva la vida y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia.
LAS VÍCTIMAS, EN EL CENTRO
Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recordó el miércoles al Consejo de Seguridad que las víctimas están en el centro del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Ruiz señaló que las autoridades colombianas informaron de la captura del presunto responsable de la muerte de Peña y de dos excombatientes el pasado 9 de abril.
«Este es un resultado positivo que resalta la importancia de redoblar esfuerzos por parte de los entes estatales vinculados a la lucha contra la impunidad y de garantizarles recursos financieros y técnicos apropiados», dijo.
Además, indicó que «es urgente» que la implementación de políticas y medidas tomadas por el Estado —incluido el recientemente adoptado Plan Estratégico de Seguridad y Protección para personas en proceso de reincorporación— se traduzca en «mejores resultados», especialmente en los 25 municipios que concentran la mayor parte de esta violencia. Por último, expresó su esperanza de que «al cierre de 2021 se pueda informar de que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida».
