El Tribunal Constitucional de Chile ha rechazado este martes 27 de abril el requerimiento del presidente, Sebastián Piñera, para frenar el tercer retiro de fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema privado de jubilación, sin pagar impuestos en el marco de la pandemia.
Una mayoría de siete jueces del pleno han votado por desechar la solicitud presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera que tras conocer el fallo ha anunciado que «pese a no compartirlo», lo «acepta» y «respeta» y por tanto promulgará este mismo martes la reforma aprobada por el Congreso.
«Como Gobierno, aceptamos y respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana», ha confirmado Piñera desde el Palacio de La Moneda.
«En la vida hay que saber aceptar las normas y las decisiones del Estado de derecho cuando uno las comparte y también cuando no», ha explicado Piñera, quien ha avanzado que en los próximos días el Gobierno presentará otro proyecto de ley sobre ayuda económica, cuenta el diario chileno La Tercera.
Después de que la semana pasada, la Cámara de Diputados de Chile aprobase por amplia mayoría el proyecto de ley quedaba pendiente que el Tribunal Constitucional del país diese luz verde, ya que Piñera había intentado frenarlo porque a su juicio es «anticonstitucional» y «atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas: la vejez».
Asimismo, el Gobierno de Chile ha presentado este lunes un nuevo proyecto en el que propone que se pueda retirar una cantidad máxima con cargo a las cuentas individuales de los cotizantes de 150 unidades de fomento (unos $us 6.100) y un mínimo de 35 unidades de fomento (unos $us 1.500).
Una primera medida de este cariz fue aprobada en julio del año pasado, tras una iniciativa de la oposición por la que votaron a favor algunos miembros de la coalición del Gobierno, lo que generó malestar en la Administración. En diciembre, fue aprobado el proyecto de ley del segundo retiro.
