El Estado de México ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional «por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido», además de comprometerse a reabrir la investigación para determinar las causas de su muerte.
Así lo ha confirmado en un comunicado este miércoles 28 de abril el Gobierno, que ha detallado que durante una audiencia pública, celebrada los días 26 y 27 de abril de este mes, ha reconocido » su responsabilidad por la violación a su honra y dignidad, y por la falta de una investigación con perspectiva de género».
Según ha señalado la Secretaría de Gobernación, se trata de la primera vez que el estado «ha aceptado todas las pretensiones» presentadas por la CIDH, mientras que, por otro lado, ha reiterado el «compromiso ineludible del estado a favor de la defensa de los Derechos Humanos».
Esta aceptación de responsabilidad se reflejará «con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos, el cual contendrá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», ha añadido la Administración mexicana.
Además de la admisión de responsabilidad, el Gobierno se ha comprometido a elaborar «una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de Derechos Humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal».
Por último, el Gobierno también ha reiterado «su compromiso con el Sistema Interamericano como herramienta complementaria para velar por el mejor interés de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos».
Digna Ochoa, cuya carrera en la defensa de los Derechos Humanos le había causado problemas de seguridad —en 1988 fue secuestrada—, fue encontrada sin vida en su despacho en octubre de 2001 con dos impactos de bala, inicialmente calificado como un suicidio, sus familiares lucharon por demostrar que había sido un asesinato.
En el momento en que murió trabajaba en casos de ecologistas torturados en el estado de Guerrero, y desde el primer momento se barajó la posibilidad de que se tratase de un crimen de Estado por el tipo de labor que llevaba a cabo la activista, en un momento, además, en que el Ejército mexicano acumulaba denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
