A punto de cumplirse cien días desde el golpe de Estado militar, Birmania sigue sumida en el caos, con un levantamiento popular reprimido a sangre y fuego, una economía paralizada por una huelga general e intensos combates entre el ejército y las facciones rebeldes.
«Es una guerra civil (…) El ejército perdió toda la confianza de la población», resume el analista Khin Zaw Win.
En la madrugada del 1 de febrero, los generales birmanos derrocaron al gobierno de Aung San Suu Kyi, poniendo fin de forma abrupta a un paréntesis democrático de diez años.
El martes se cumplen 100 días desde el golpe de Estado, un periodo durante el cual la junta cercó judicialmente a la Premio Nobel de la Paz de 1991.
Bajo arresto domiciliario en la capital, Naipyidó, la exdirigente, de 75 años, es objeto de varias acusaciones sin que se le permita reunirse con sus abogados.
Uno de ellos dijo el lunes a la AFP que comparecería por primera vez en persona ante el tribunal el 24 de mayo.
Mientras tanto, se mantiene al margen de la agitación y la violencia del país, tanto en las ciudades como en los pueblos más alejados.
Las protestas están lideradas por una juventud sedienta de libertad y adepta de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.
Y miles de huelguistas siguen bloqueando gran parte del país: bancos, hospitales, puertos y administraciones.
Casi 800 muertos
Al menos 780 civiles murieron en los últimos tres meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
El ejército dice que son muchos menos y responsabiliza de la violencia a los «alborotadores» que cometen «actos de terrorismo».
Los arrestos van en aumento, tanto de día como de noche.
Más de 3.800 personas están detenidas, muchas de ellas en lugares mantenidos en secreto, según la AAPP, que denuncia violencia contra las mujeres, ejecuciones extrajudiciales y torturas como en el caso del poeta Khet Thi, detenido el sábado y muerto bajo custodia 24 horas después.
«La gente vive con miedo y está desesperada (…) algunos piensan en suicidarse», comenta la monja Ann Rose Nu Twang.
Esta religiosa se convirtió en símbolo de resistencia cuando, durante una manifestación reprimida duramente a principios de marzo, se arrodilló delante de los militares, con los brazos en cruz, suplicándoles que «no dispararan».
Ahora trabaja en una clínica del estado de Kachin (norte) atendiendo a opositores heridos que «sacrifican la vida por su futuro».
‘Del lado correcto de la historia‘
Pese a la violencia, la movilización continúa. «Queremos estar del lado correcto de la historia», afirma un disidente.
Para mantener la presión sobre la junta evitando al máximo las represalias, organizan manifestaciones relámpago, con menos gente, una táctica que está dando resultado ya que la represión se ha atenuado en los últimos días.
La resistencia también se organiza políticamente.
Miles de opositores se han refugiado en territorios controlados por facciones rebeldes, en el norte y el este del país, y diputados depuestos, que se han pasado a la clandestinidad, han formado «un gobierno de unión nacional».
Pero por el momento tiene dificultades para ejercer una gran influencia. Su deseo de establecer un «ejército federal» antijunta reuniendo a disidentes y combatientes rebeldes no entusiasma a las múltiples facciones étnicas del país.
Muchos desconfían de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, en la que predominan los bamar, el grupo étnico mayoritario budista.
No obstante, indignados por el derramamiento de sangre contra los civiles, los insurgentes tomaron las armas.
La Unión Nacional Karen (KNU), con varios miles de hombres en el este del país, ataca bases militares y el ejército responde con bombardeos aéreos, por primera vez en más de 20 años en esta región.
También hay enfrentamientos y ataques aéreos intensos en el estado de Kachin, donde los rebeldes derribaron un helicóptero del ejército la semana pasada.
La violencia ha causado decenas de miles de desplazados civiles, según la ONU.
La pobreza se dispara
¿Cuánto tiempo resistirá el país, uno de los más pobres de Asia? Bajo el efecto de la pandemia y de la crisis política, la mitad de la población podría hallarse por debajo del umbral de pobreza en 2022, retrocediendo así 16 años, advirtió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Y el Banco Mundial prevé que la economía se contraiga un 10% en 2021, después de crecer casi un 7% en 2019.
El caos económico y político no influye en los generales, que hacen caso omiso de las condenas internacionales y de sanciones decretadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
Más de 200 oenegés han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo internacional sobre la venta de armas, pero China y Rusia, aliados tradicionales de los generales, se oponen tajantemente.
(10/05/2021)
