El gobierno de Iván Duque y el frente más visible de los manifestantes en Colombia retomaron el domingo sus acercamientos, aunque sin vislumbrar una salida rápida a la sangrienta crisis que ya completa un mes y alimenta a diario nuevas protestas.
Al término de una reunión de 10 horas en Bogotá, las partes anunciaron un nuevo encuentro para el martes, mientras miles de personas vestidas de blanco se manifestaron exasperadas con las movilizaciones y los bloqueos viales que impactan a una economía muy herida por la pandemia.
«Hemos recibido una nueva propuesta (…) Confío en que sea una propuesta que haga razonabilidad, que tenga en cuenta los intereses, pero que principalmente nos aseguremos de que se acaben los bloqueos», advirtió en un video a medios Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación.
Temprano, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comunicó su «profunda preocupación» por la escalada de la violencia en Cali, donde el viernes murieron 13 personas y decenas resultaron heridas.
Los choques, que involucraron a manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles, llevaron al presidente a ordenar el despliegue de tropas en la tercera ciudad de Colombia y en otros puntos del país.
«Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley», pidió Bachelet.
Un mes después del estallido social que detonó la idea ya descartada del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía muy cuestionada por la represión en las calles y civiles armados actuando por su cuenta.
En este tiempo han muerto al menos 59 personas y hay más de 2.300 heridos, según un conteo efectuado a partir de reportes de autoridades civiles. Dos de los fallecidos son uniformados.
Reproches cruzados
El gobierno abrió una nueva ronda de discusiones tras casi una semana de pausa con el Comité de Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas que rechazan sus políticas.
Si bien esta organización no convoca a todos los sectores que están en las calles, se espera que sus aproximaciones con las autoridades comiencen a desactivar la crisis.
Sin embargo, el Comité del Paro mermó las expectativas al acusar al gobierno de mantener «un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía».
Al igual que frente al «ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta».
El equipo negociador de Duque respondió que lo único que espera para sentarse a «construir acuerdos» es el levantamiento de los cierres viales que generan desabastecimiento y en algunos casos han derivado en ataques a misiones médicas. Dos bebés han fallecido por el bloqueo de ambulancias.
El domingo las fuerzas de seguridad informaron sobre 87 cortes de vías a cargo de manifestantes. Varios de los puntos afectados están en los alrededores de Cali y otras zonas del suroeste del territorio colombiano.
Los jóvenes que protagonizan el levantamiento popular exigen una condena explícita de la violencia policial y garantías para la protesta.
Asimismo, invocan reformas que configuren un Estado más solidario frente al golpe económico de la pandemia, que el sábado volvió a romper el récord diario de muertes y tiene al sistema de salud al borde del colapso.
Marchas de blanco
A pesar del gran apoyo popular que han recabado las protestas, una parte de la población está poniéndose en contra precisamente por los cortes de carreteras y las marchas cotidianas.
En Bogotá, Medellín y otras ciudades, miles se movilizaron el domingo vestidos de blanco y con pancartas que pedían «paz» y «no más bloqueos». También llevaban camisetas con leyendas como «yo protejo mi país» y varios tuvieron altercados con quienes apoyan el movimiento de protesta.
«Nosotros hoy salimos a marchar pacíficamente para pedir que termine el paro y volvamos al trabajo (…), todo el cierre de vías y bloqueos está afectando a la economía nacional y está generando mayor pobreza», dijo a la AFP Bernardo Henao, abogado y ganadero de 63 años.
Aunque afirmaron lamentar la violencia que implicó a civiles armados en Cali, algunos manifestantes advirtieron sobre una posible expansión del fenómeno.
«Cuando el atentado es contra la vida, la gente tiene derecho a defenderse (…) Hay que entender que las personas protegen al país y se protegen a sí mismas», argumentó Álvaro Aparicio, empresario del sector financiero de unos 60 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA, instó en Twitter al Estado «a investigar pronta y diligentemente» las denuncias sobre ataques provenientes de civiles contra los manifestantes, «y sancionar a los responsables».
Duque tensó todavía más el pulso con el decreto de «asistencia militar» que firmó el viernes en la noche y faculta al ejército a apoyar labores de policía. Unos 7.000 soldados fueron desplegados en diez departamentos en donde los manifestantes llevan a cabo cierres viales.
