La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Colombia este domingo para evaluar la situación en el país, sacudido por sangrientas protestas que explotaron el 28 de abril y derivaron en una crisis severa que deja decenas de muertos y miles de heridos.
Centenares de personas salieron a una avenida céntrica de Bogotá para recibir con pancartas a la delegación a su llegada. «Duque, pare la masacre. Bienvenida CIDH» se leía en uno de los carteles.
La Comisión visitará Bogotá y Cali (suroeste) entre el 6 y 10 de junio, dos de las ciudades más castigadas por las movilizaciones contra el presidente Iván Duque, las jornadas violentas y los bloqueos viales.
El órgano con sede en Washington y adscrito de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá con autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, entre otros, y «buscará especialmente escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones», indicó en un boletín.
La llegada de la CIDH coincide con el anuncio de un plan del gobierno para reformar la policía y su política de derechos humanos.
El estallido social comenzó hace más de un mes contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las protestas se mantienen a diario con jornadas más concurridas que otras y cruentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.
Al menos 61 personas han muerto y más de 2.300 quedaron lesionadas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) que vela por los derechos humanos.
A regañadientes
La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Duque para evaluar «in situ» la crisis en Colombia y condenó las «graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas».
En un principio, el gobierno condicionó la visita de la CIDH al avance de las investigaciones oficiales sobre abusos durante las marchas, pero cedió ante una lluvia de críticas.
La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la fuerza pública en manifestaciones y disturbios.
Los manifestantes exigen un cambio de rumbo a las políticas del gobierno conservador, reformar la policía y claman por un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa por su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.
El Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores inconformes pero es la organización más visible de los manifestantes, le exige a Duque una condena explícita a la brutalidad policial y disculparse por los excesos de la fuerza pública.
De su lado, el gobierno pide el fin de los bloqueos viales como condición para avanzar en las conversaciones que iniciaron el 7 de mayo y se desarrollan sin acuerdos para desactivar la crisis.
Según el Ministerio de Defensa, en el país persisten 46 cortes de rutas que afectan el abastecimiento y provocaron la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias.
Duque enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. Un eventual acuerdo con el Comité es visto como un paso hacia el fin de la crisis, aunque no una solución definitiva.
