Con esperanzas y también con algunos temores se instala este domingo en Chile la Convención que redactará una nueva Constitución, como respuesta institucional a la crisis que desencadenó la ola de protestas de octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad de derechos y bienestar social.
Los 155 convencionales electos, 77 mujeres y 78 hombres, elegidos en una inédita votación paritaria y que reservó 17 escaños para pueblos indígenas, tienen la misión de redactar la Constitución que reemplazará la actual, escrita inicialmente por una pequeña comisión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y aprobada en 1980 en un proceso cuestionado.
En los últimos 30 años de democracia tuvo varias reformas, pero mantuvo su esencia para sostener un modelo económico ultra liberal que trajo progreso y también desigualdad, lo que gatilló las masivas protestas (algunas muy violentas) hace 20 meses.
La heterogeneidad de los integrantes que juramentarán este domingo como convencionales, en su mayoría independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos, junto al hecho de que ninguna de las listas de candidatos haya logrado alcanzar por sí misma el tercio que otorga poder de veto, abre la esperanza de que será un órgano obligado a alcanzar acuerdos.
Pero esta misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas. «Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos.
Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos», dijo a la AFP el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.
«El pueblo chileno tiene una vocación de diálogo, de entendimiento. No hay que tenerle miedo», agregó.
Tensión previa
Pero las fricciones surgidas por las peticiones de algunos de los constituyentes pusieron una dosis de tensión los días previos a la instalación.
Representantes de los pueblos indígenas criticaron al gobierno por no asegurar las condiciones para que se cumplan algunos requisitos que impone su cosmovisión y otros se quejaron por la falta de presupuesto para asesorías.
La «Lista del Pueblo», organizada al calor de las protestas callejeras e integrada por un grupo heterogéneo de amas de casa, abogados y activistas, y que sorprendió al obtener 27 representantes, convocó a una manifestación antes del inicio de la ceremonia de instalación, fijada en la mañana de este domingo.
La manifestación se convocó en Plaza Italia, el epicentro de las protestas, para marchar hasta la sede del exCongreso en Santiago, donde se realizará la ceremonia, en lo que otra parte de la ciudadanía considera una «presión popular indebida».
En la víspera, 60 constituyentes firmaron una carta en la que demandan «garantías democráticas para la sana instalación de la convención», en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.
«El proceso está partiendo con el pie izquierdo, si es que consideramos que lo ideal era generar los consensos y acuerdos básicos para redactar una nueva Constitución», opinó a la AFP el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.
A pocas horas «no estamos discutiendo sobre contenidos, por lo tanto no se ve un panorama tan sencillo. No va a ser una instalación tan fácil», consideró.
Del otro lado, la constituyente Cristina Dorador, una de las que suscribió la carta sostiene que «hay mucha voluntad al diálogo».
Tras la juramentación, tendrán que elegirse los cargos de presidente y vicepresidente. Hay un cierto consenso de que para resaltar el inédito carácter paritario de la convención sea una mujer quien la presida.
En la antesala, surgieron los nombres de la científica Cristina Dorador, de la periodista Patricia Politzer y la académica y lingüista mapuche Elisa Loncon.
La Convención tendrá nueve meses, prorrogables solo una vez por tres meses más, para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
Según el acuerdo político que dio pie al proceso, el órgano constituyente «tendrá como único fin redactar la nueva Carta Fundamental, sin afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos de Estado».
No podrá tampoco «alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos, establecido en una mayoría de dos tercios de sus miembros».
Como primera función, la convención deberá redactar su propio reglamento, un asunto que algunos creen que podría demorar, restando tiempo a la elaboración de la nueva Constitución.
