La Fiscalía de Perú ha abierto diligencias previas contra la candidata presidencial ultraderechista Keiko Fujimori por un «delito contra el derecho de sufragio en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral». Fujimori tiene otras causas abiertas por corrupción y financiación irregular de su campaña.
La investigación tiene su base en la presentación de 760 solicitudes de nulidad por parte de Fujimori después de que los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del 6 de junio dieran como vencedor a su rival, Pedro Castillo.
En la investigación se incluye a Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a Liliana Takayama, a las que se acusa de «atentados contra el derecho de sufragio, contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y en la modalidad de fraude procesal y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica», según recoge el diario peruano La República.
La Fiscalía también ha detectado 27 recibos por derecho de tasa electoral que habrían sido reutilizados en diferentes expedientes de nulidad. Uno de ellos incluso ha sido fotografiado y editado con diferente calidad de imagen, «por lo que habrían actuado en forma dolosa y fehaciente con plena finalidad de inducir al error al ente electoral».
Asimismo, el Ministerio Público ha citado a los denunciantes José Luis Saavedra Barrantes y Pavel Gabriel Tapia Romero para que presten declaración el 23 de julio de manera remota. En esa misma fecha se recibirá la declaración de Keiko Fujimori y Liliana Takayama, ambas en calidad de investigada en este caso.
RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL
Además, el Ministerio Público ha informado de la apertura de diligencias preliminares contra los parlamentarios que desobedecieron la orden del Poder Judicial para suspender el proceso de elección de renovación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Entre los candidatos había jueces claramente contrarios a Pedro Castillo, por lo que desde su entorno temen que el objetivo sea dificultar su acción de gobierno.
«La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares, contra los congresistas que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, al haber ratificado el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el día 7 de julio de 2021, pese al mandato judicial de suspensión provisional», ha explicado el organismo.
El pasado 6 de julio la jueza constitucional Soledad Blácido Báez ordenó suspender el proceso de manera provisional porque la Comisión Especial del TC no había publicado las motivaciones de la puntuación que cada legislador puso a los candidatos durante las entrevistas.
«No se puede desprender (…) que se haya cumplido con el principio de publicidad, imparcialidad y meritocracia al momento de la respectiva asignación de la puntuación», señala Blácido.
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 % de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87% de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.
