El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que la población entre tres y 18 años comenzará a ser vacunada contra el COVID-19, para acelerar el sistema de inmunización que hasta ahora abarca a menos del 12% de la población.
«A partir de octubre vamos a vacunar a la población infantil y juvenil de Venezuela de tres años a 18 años, tendremos vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Venezuela, de tres a 18 años, vacunas ya experimentadas y comprobadas (…) Porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales», indicó en un acto político transmitido por la televisión del Estado.
El gobierno no ofrece regularmente cifras de vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 3,3 millones de personas (11,62%) han recibido las dos dosis de las vacunas aplicadas en el país: Sputnik-V de Rusia y la china Sinopharm. Casi 6 millones tienen la primera dosis.
El plan de vacunación recibió críticas al inicio por su lento desarrollo. Sin embargo, el gobierno ha buscado masificarlo y se fijó como meta que el 70% de la población, equivalente a unos 22 millones de personas, haya recibido la vacunación completa para octubre, cuando además espera iniciar clases presenciales.
«Estábamos vacunando 100.000 ciudadanos por día, y ahora vamos a la aplicación de 300.000 vacunas por día. Triplicamos», dijo el mandatario.
La vacunación en Venezuela se ha ejecutado a través de convocatorias por mensajes de texto por medio de un sistema del gobierno.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó el lunes que a partir del 30 de agosto las personas mayores de 60 años que aún no se han vacunado pueden acudir a cualquier centro de vacunación para recibir la dosis sin necesidad de cita.
Pero hay dudas entre los mayores de 60 años que recibieron la primera dosis de la Sputnik V y que llevan meses esperando la aplicación de la segunda dosis. El gobierno no se han pronunciado al respecto.
Hasta el lunes, según cifras oficiales, en Venezuela se han detectado 334.343 contagios de COVID-19 y 4.019 decesos, números cuestionados por gremios de salud y organizaciones internacionales al considerar que existe un elevado subregistro.
