El presidente del Senado de Brasil rechazó este martes un decreto con fuerza de ley firmado por el presidente Jair Bolsonaro la semana pasada, que alteraba las reglas de moderación de contenido en las redes sociales y, según sus críticos, dificultaba la lucha contra la desinformación.
Rodrigo Pacheco, jefe de la cámara alta, explicó que el decreto de Bolsonaro contrariaba reglas constitucionales y generaba «inseguridad jurídica», por lo que lo devolvió al presidente, dejándolo sin efecto.
Casi simultáneamente y por los mismos motivos, una jueza de la corte suprema ordenó suspender cautelarmente los efectos de la medida presidencial.
La norma, que tenía efecto inmediato pero para ser ley necesitaba tramitarse en el Congreso y ser aprobada, alteraba disposiciones del Marco Civil de Internet. Según el gobierno, buscaba combatir «la remoción arbitraria e inmotivada de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores».
El texto establecía una serie de hipótesis en las que habría «justa causa» para remover contenidos o suspender usuarios (comisión de delitos, violencia, entre otras) e imponía a las plataformas nuevos protocolos para aplicar estas suspensiones.
Pacheco advirtió que cuestiones relativas a «derechos políticos, a la libertad de expresión, comunicación y manifestación de pensamiento» no pueden ser abordadas en un decreto con fuerza de ley, de efecto inmediato, y que le corresponde al Congreso analizar un asunto de «alta complejidad técnica» como este.
Facebook, otras compañías afectadas y organizaciones de la sociedad civil, ya habían advertido que se trataba de un decreto inconstitucional, mientras que legisladores de la oposición acudieron a la corte suprema para frenarla.
El mandatario ultraderechista, a quien ya le han eliminado contenidos de sus redes por difundir información falsa sobre el covid-19, califica como «censura» la suspensión de cuentas o remoción de contenidos que las plataformas han aplicado, basadas en sus normas, a él y sus partidarios.
Asediado por investigaciones judiciales y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro emitió el decreto en vísperas de una tensa jornada de manifestaciones masivas el martes pasado, en las que inflamó a sus seguidores con nuevos ataques a las instituciones, en particular contra el poder judicial.
Días después retrocedió en sus amenazas y aseguró que sus declaraciones contra la corte suprema fueron pronunciadas «en el calor del momento».
