La cancelación a último minuto de la eutanasia -previamente autorizada- a una mujer en Colombia provocó controversia y amenazas de acciones legales este lunes en el único país de América Latina donde la muerte asistida está despenalizada.
La representación legal de Martha Sepúlveda anunció un recurso judicial alegando «tratos crueles y denigrantes así como la vulneración del derecho a «morir dignamente» por parte de la clínica que se negó a practicar la eutanasia, según dijo la abogada Camila Jaramillo a Blu Radio.
«Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada», había dicho en una entrevista con Caracol Televisión, el 3 de octubre, Sepúlveda, de 51 años y enferma de esclerosis lateral amiotrófica.
Entonces su fallecimiento estaba pactado para el domingo a las 07H00 de la mañana, cuando ella se convertiría en la primera colombiana en recibir la eutanasia sin ser una paciente en fase terminal.
La Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió en julio extender «el derecho a la muerte digna» a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable».
Era el caso de Martha, que sufre fuertes dolores y dificultad para caminar, síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa sin cura.
Cambio de opinión
Su eutanasia recibió entonces luz verde por tratarse de una paciente con «enfermedad incurable avanzada», «síntomas físicos y/o psicológicos que generan sufrimiento» y «capacidad para la toma de decisiones», señaló el Instituto Colombiano del Dolor (INCODOL), encargado del procedimiento.
Pero el viernes, un documento escueto que llegó por debajo de su puerta le anunció la cancelación de la eutanasia por determinación «unánime» del comité médico que antes la había aprobado.
En una segunda comunicación, INCODOL justificó la decisión en un «concepto actualizado del estado de salud y evolución» de Martha.
El citado reportaje de Caracol sobre el caso, que se replicó en medios internacionales y locales, evidenció «una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares», según el texto del instituto dado a conocer por sus allegados.
Luego de ver las imágenes, el comité concluyó que «la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo tanto no cumple con el criterio de terminabilidad».
La abogada Jaramillo cuestionó el cambio en la decisión: «No sabemos por qué evaluaron en agosto con unos criterios y en octubre con otros, sabiendo que el fallo de la Corte está en firme», dijo.
Interrogado por la AFP, un responsable del Ministerio de Salud aseguró que la sentencia que extendió el acceso a la eutanasia a pacientes no terminales no tiene «efectos jurídicos» por ahora porque «la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo al Ministerio», que no conoce el texto completo.
Por su parte, la Corte alega que el fallo está en vigor aunque no se conozca en su totalidad.
Iglesia en contra
Martha se ve sonriente, cariñosa con su hijo y lúcida, durante la entrevista televisada.
Dice sentirse más «tranquila» desde que sabe que morirá antes de estar «postrada en una cama».
«Si bien esta circunstancia llevó a mi mamá a su estado anterior de desesperanza y tristeza (…) estamos dispuestos a dar la pelea por la dignidad de mi mamá hasta las últimas consecuencias ya que su decisión no ha cambiado en nada», aseguró su hijo, Federico Redondo, tras conocer la cancelación del procedimiento.
La Iglesia católica le pidió a Martha «reflexionar sobre su decisión», pues «la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso», de acuerdo a un comunicado.
«Dios no me quiere ver sufrir a mí», respondió la mujer, que se define como católica y escogió fallecer un domingo en honor a su religión.
En América Latina solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, pero aún quedan vacíos que impiden el cumplimiento de ese mandato en este país de tradición conservadora.
Según cifras oficiales, 157 personas han recibido la eutanasia en el país, todos ellos en la fase terminal de una enfermedad.
En México existe la llamada ley del «buen morir», que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras en Uruguay el Parlamento discute un proyecto sobre la eutanasia.
