Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por varios delitos, entre ellos «crímenes contra la humanidad», por su gestión de la pandemia, mientras el mandatario aseguró no tener «culpa de absolutamente nada».
La CPI escudriñó durante seis meses las acciones y omisiones del gobierno durante la pandemia que ya ha dejado más de 600.000 muertos en Brasil, el segundo país más enlutado del mundo después de Estados Unidos.
El relator presentó este miércoles su informe final, en el que concluyó que el gobierno expuso «deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa», incluyendo a la vulnerable población indígena, por lo que pidió la inculpación de Bolsonaro y de otras 67 personas y empresas, como varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.
Entre los delitos atribuidos al presidente figuran crímenes contra la humanidad, delito por favorecer una epidemia que resultó en muerte, prevaricación y diseminación de informaciones falsas sobre el virus.
La CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Pero el informe, con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes (como el uso de pacientes como «cobayas humanas» para probar medicamentos ineficaces contra el COVID), será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una corte internacional.
Además de un «deliberado atraso» en la compra de vacunas, «se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno], la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas», como uso de mascarilla y distanciamiento, afirmó en sus conclusiones el senador opositor Renan Calheiros, encargado de elaborar del informe.
Se trató de una «estrategia macabra», añadió Calheiros. Si se hubieran adoptado medidas para contener la circulación del virus, «se podrían haber salvado 120.000 vidas para fines de marzo de 2021».
Bolsonaro es «el principal responsable de los errores cometidos por el gobierno», completa el relator del informe, que será votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.
«No tenemos culpa de nada»
Bolsonaro, que siempre calificó la CPI de «payasada», se eximió de cualquier responsabilidad.
«Sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el principio», dijo durante un acto oficial en el estado de Ceará pocas horas después de la publicación del informe.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia, criticó las medidas de aislamiento, el uso de barbijos y defendió medicamentos sin eficacia contra el covid, como la hidroxicloroquina.
Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará y continúa defendiendo estos medicamentos, que son contraindicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será más que nada simbólico, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.
La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para las elecciones de 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Tramas impactantes
En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un «gabinete paralelo» de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra (no realizada) de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por «prevaricación» al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el «tratamiento precoz» del coronavirus.
Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que ha impactado al país.
