Una comisión del Congreso de Ecuador consideró el viernes que el presidente Guillermo Lasso, señalado por los «Pandora Papers», incumplió la ley para ser candidato y sugirió iniciar un proceso para su destitución, lo que fue rechazado por el gobierno.
Con el voto mayoritario, la comisión de Garantías Constitucionales aprobó un informe no vinculante en el que recomendó a la Asamblea Nacional que «verifique la inobservancia» por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales, señaló el Legislativo en un comunicado.
Ante ese incumplimiento, el Congreso -dominado por partidos de oposición- debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo «por grave crisis política y conmoción interna», según la opinión de esa comisión.
El Parlamento ecuatoriano, con 137 escaños y en el que el oficialismo tiene doce, requiere el voto de dos terceras partes para destituir al mandatario.
La comisión fue encargada por el Legislativo para indagar sobre los «Pandora Papers», que reveló que varios líderes y personalidades de todo el mundo, entre ellos Lasso, ocultaron activos en paraísos fiscales.
El mandatario conservador, en el poder desde mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales, según la investigación periodística internacional.
«Ni al inscribir mi candidatura presidencial, ni desde entonces hasta hoy, he estado incurso en la prohibición referida», dijo Lasso en una carta dirigida hace dos semanas a la comisión, ante la cual se negó a presentarse en un par de ocasiones y avisó su disposición a recibirla en la sede del gobierno.
El Ejecutivo reaccionó mediante un comunicado, rechazando el informe de la comisión parlamentaria.
El gobierno «rechaza» el informe que «en contra de la razón y del derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura» para los comicios de 2021.
Advirtió que la comisión «ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica».
El Ejecutivo llamó al pleno del Congreso, que debe conocer el informe, a que «cumpla su papel, apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión».
Lasso, de visita en España, difundió ese comunicado en su cuenta en Twitter.
El gobernante, un exbanquero de 65 años, reconoce que tuvo «inversiones legítimas en otros países», de las que se deshizo para ser candidato.
La ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, sostiene que el Congreso pretende llevar al presidente a un juicio político, mecanismo por el cual puede ser destituido.
