La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes un juicio político contra el presidente, Sebastián Piñera, por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, en una operación revelada en los Papeles de Pandora.
Tras un maratónico debate, los parlamentarios lograron reunir los 78 votos a favor que se requerían para que la acusación que busca la destitución del presidente de Chile avanzara hacia el Senado. Sesenta y siete diputados votaron en contra y tres de abstuvieron.
Con este paso, el mandatario queda impedido de salir del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara Alta, que actuaría como jurado para sellar el futuro de Piñera, primer presidente sometido a esta acusación en los 31 años de democracia en Chile.
Según diversos analistas, la acusación no contaría con los 29 votos necesarios en el Senado para que el presidente sea destituido, porque la oposición tiene 24 escaños.
El gobierno reaccionó manifestando su esperanza porque «el Senado desestime la acusación interpuesta» contra Piñera, y aseverando que la acusación es «injusta, y no tiene fundamento alguno, ni en los hechos ni en derecho».
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera (quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018), fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición de izquierda, incluyendo el diputado socialista Jaime Naranjo.
«Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición», dijo Naranjo, quien habló durante 15 horas en la sesión para leer 1.300 páginas de argumentos de la acusación.
La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a que se sumara otro diputado, Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a COVID-19.
«Lo que hemos visto ha sido un show», dijo Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. «Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país».
El Senado podría tratar la acusación en contra de Piñera entre el lunes y martes de la próxima semana, adelantó Ximena Rincón, presidenta de la Cámara Alta.
«Un golpe que puede dejar heridas»
Tras una exposición de cinco horas ante el plenario, el abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa y enfatizó: «Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional».
«Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos», advirtió el abogado.
El debate empezó a las 10.25 del lunes por Naranjo, quien en su larga exposición pidió que «se termine la impunidad» de quienes tienen poder en Chile, sacudido por la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar una supuesta negociación incompatible en el caso de la minera Dominga, Naranjo dijo que «actuando como Presidente» Piñera «se benefició (a sí mismo) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo».
«Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga», sostuvo sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer gobierno.
Dominga sin protección ambiental
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano (íntimo amigo de Piñera) por $us 152 millones.
La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
La operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas».
Gálvez negó que Piñera «haya intervenido en la decisión de venta del proyecto» y también descartó que haya favorecido a Dominga al no concretar ninguna acción de protección ambiental.
Piñera, un rico empresario de 71 años, quien fue el primer presidente de derecha (2010-2014) después de 20 años de gobiernos de izquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta la acusación con un rechazo a su gestión del 79%, según últimas encuestas.
