El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sustituyó este lunes al máximo jefe militar y al de prisiones, y llegó a un «acuerdo nacional» con los poderes del Estado para aplacar una crisis carcelaria vinculada al narcotráfico que este año deja más de 320 presos muertos en cruentos enfrentamientos.
Lasso «aceptó la renuncia» del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Jorge Cabrera, y del director del organismo a cargo de prisiones (SNAI), Bolívar Garzón.
Los responsables dejaron sus cargos ante un sistema penitenciario en caos por el desafío de las bandas del narcotráfico que se disputan el poder dentro y fuera de las prisiones.
El fin de semana, 68 reclusos murieron en un enfrentamiento con armas de fuego, explosivos y machetes en la principal cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste), que el gobierno calificó de «barbarie».
Lasso, en el poder desde mayo, se reunió en Guayaquil con los titulares del Legislativo, de la justicia y otras funciones, reconociendo que «Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico».
En una declaración a la prensa, el mandatario añadió que esas mafias «pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles», y tachó la situación como «una de las más grandes crisis de las últimas décadas».
Pacificación e indultos
El mandatario, quien dará un mensaje a la nación hacia las 20.00 locales del lunes (01H00 GMT del martes), designó como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas al general Orlando Fuel, quien era comandante del Ejército, y encargó la dirección del SNAI a la agencia de inteligencia del gobierno CIES. El general Luis Burbano pasó a ser comandante del Ejército.
Los enfrentamientos del viernes y el sábado sacudieron la penitenciaría Guayas 1, donde en septiembre ya habían muerto 119 reclusos en la masacre carcelaria más cruenta ocurrida en Ecuador y una de las peores de Latinoamérica.
En esa cárcel hay 8.500 presos y una sobrepoblación del 60%.
Como parte del «acuerdo nacional», las autoridades iniciarán un proceso de pacificación en las prisiones y agilizarán el otorgamiento de beneficios e indultos, con miras a reducir el 30% de superpoblación carcelaria en el país. También emplearán a las Fuerzas Armadas y a la Policía para mantener el orden en los reclusorios conforme la ley.
Debido a la situación en las prisiones y la violencia a causa del narco, Lasso decretó dos estados de excepción: uno el 30 de septiembre por 60 días para las cárceles, y otro el 18 de octubre también por 60 días, movilizando a los militares a las calles para que apoyen a la policía en patrullajes y requisas.
Pero la Corte Constitucional limitó su alcance, prohibiendo el ingreso de efectivos militares a las penitenciarías y autorizando solo su presencia en los exteriores hasta finales de este mes. Además dispuso que los militares patrullen las calles por no más de 30 días.
«Control total y absoluto»
A pesar de las restricciones, militares armados con fusiles ingresaron a la cárcel Guayas 1, constataron periodistas de la AFP.
La secretaría (ministerio) de Comunicación indicó que soldados y policías implementaron un operativo conjunto «asumiendo el control total y absoluto» de esa penitenciaría. Cerca de 1.000 efectivos ingresaron para controlar el perímetro externo e interno de la cárcel, que incluye varios anillos de seguridad.
Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser un punto de almacenamiento y tránsito de droga a enfrentar las mafias del negocio y sus millonarios recursos. Solo este año ha decomisado la cifra récord de 167 toneladas de drogas.
En el país la tasa de homicidios subió de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021, según el gobierno.
Las masacres carcelarias en el país son cruentas, con cuerpos quemados, decapitados y desmembrados. La violencia del fin de semana dejó personas «asesinadas, incineradas, mutiladas», y varios de los «cuerpos están irreconocibles, tienen que hacerse pruebas de ADN» para ser identificados, dijo el vocero presidencial, Carlos Jijón.
Con capacidad para 30.000 personas, las 65 prisiones ecuatorianas están ocupadas por 39.000 reclusos, una superpoblación del 30%. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.
