Un proyecto de reforma tributaria enviado por el gobierno de Guillermo Lasso al Congreso ecuatoriano quedó aprobado a la medianoche del sábado, luego de que el Legislativo no alcanzara el viernes los votos para modificar o rechazar la iniciativa dentro del plazo legal.
«Transcurridos los 30 días (de enviado el proyecto), toda vez que la Asamblea no aprobó el proyecto original, ni lo modificó, ni lo negó, va a entrar en vigencia» tal como lo envió el Ejecutivo, indicó a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte.
«Lo que va a entrar en vigencia es el proyecto original del presidente de la República», subrayó.
Los 137 parlamentarios del Congreso unicameral no alcanzaron mayorías suficientes para aprobar las modificaciones al texto planteadas por la propia bancada oficialista, ni tampoco la propuesta de una dispersa oposición.
Una moción para archivar la reforma no logró quorum, por lo que la presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, clausuró la sesión, sin otro espacio para seguir el debate.
El gobierno prevé que con los cambios impositivos la recaudación fiscal aumente en unos $us 1.900 millones en dos años.
«Ese monto de ingresos va a ser importante», dijo a la AFP el economista Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
En la reforma el «principal esfuerzo» tributario recaerá en quienes ganan más de $us 5.000 al mes, quienes tienen patrimonio mayor a $us 1 millón, y sobre las mayores empresas del país, con patrimonios por encima de los $us 5 millones, según el Ministerio de Economía.
El texto elimina varios impuestos a insumos de uso personal.
Acosta Burneo afirmó que la meta del gobierno «es cerrar la brecha fiscal, sin importarle el impacto que puede tener por el lado del crecimiento económico».
Lasso estimó en agosto un déficit fiscal de $us 4.812 millones, equivalente a casi 5% del PIB de la dolarizada economía ecuatoriana para 2021.
La nueva ley tributaria se aplicará desde el próximo ejercicio fiscal, que arranca el 1 de enero.
Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, afronta una crisis económica agravada por el COVID-19. El país registra un 47% de pobreza y miseria, 28% de desempleo y subempleo, y tiene una deuda externa de casi $us 46.000 millones (45% del PIB).
