«Lucha contra el contrabando», dice un cartel en un puente en la frontera entre Venezuela y Colombia. Abajo, tres hombres, dos con enormes bolsas a la espalda, cruzan el río que divide a ambos países. Agentes fronterizos los miran sin interés.
Los contrabandistas ni se esconden ni se apuran. Uno se tomó el tiempo para quitarse los zapatos y remangarse los pantalones.
Los 2.219 km de la frontera colombo-venezolana siempre han estado minados por el contrabando por cruces ilegales conocidos como «trochas», pero las mafias ganaron terreno gracias al cierre de los cruces binacionales ordenado por el presidente Nicolás Maduro en 2015, tras denunciar una «emboscada» contra militares.
Desde entonces solo se permitía el paso peatonal, pero en 2019 los cruces fueron completamente bloqueados por tensiones políticas entre Caracas y Bogotá.
Estas decisiones derrumbaron la actividad económica en el lado venezolano, subraya Daniel Aguilar, expresidente de la patronal Fedecámaras en el estado Táchira (oeste), donde está el paso internacional más importante.
Un ejemplo es la zona industrial de Ureña, que tenía unas 3.500 empresas de calzado, ropa y medicinas, hoy borradas del mapa. Empresas de transporte, corretaje y seguros desaparecieron. «Hay una caída drástica; solo aquí se perdieron más de 70.000 empleos», comenta Aguilar.
Venezuela reabrió en octubre los puentes, que habían estado bloqueados con enormes contenedores metálicos, pero solo hay paso peatonal mientras se reacondicionan para los vehículos.
Unas 20.000 personas atraviesan a diario los dos puentes reabiertos en la zona (San Antonio-Cúcuta y Ureña-Cúcuta), según estimaciones policiales.
(02/12/2021)
