La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió este lunes anular las sanciones internacionales impuestas contra el gobierno que dirige su esposo, Daniel Ortega, reelecto para un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios con la mayoría de sus rivales detenidos.
«(Queremos) exigir respeto y exigir (que) se anulen esas medidas coercitivas ilegales que van contra todas las cartas internacionales que deberían regir los destinos del mundo en términos de derechos, en términos de convivencia», demandó Murillo, también portavoz del gobierno, en una declaración a medios oficiales.
Más de cuarenta funcionarios, familiares y allegados del mandatario, Murillo incluída, han sido sancionados por Estados Unidos por violación a los derechos humanos y corrupción desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el gobierno, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia contra manifestantes dejo 355 muertos, centenares de detenidos, de los cuales más de 160 aún están presos, mientras que unos 103.000 se han exiliado.
Este año, en los meses previos a los comicios del 7 de noviembre, fueron detenidos más de 40 opositores y empresarios, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que buscaban competir contra Ortega.
Los arrestos desencadenaron nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
Mientras que la reelección de Ortega, un exgerrillero en el poder desde 2007, fue fuertemente criticada por la comunidad internacional.
Washington la calificó de «no democrática» y tras los comicios prohibió el ingreso a Estados Unidos a Ortega y a varios ministros y funcionarios de su gobierno.
La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, declaró durante su Asamblea General del 12 de noviembre que las elecciones nicaragüenses carecieron de «legitimidad».
«La comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión» para que «Nicaragua retome el camino de la democracia», dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 29 de noviembre.
Para Murillo, las medidas que se aplican contra Nicaragua y otras naciones del mundo «no tienen nada que ver con la democracia», sino «con el egoísmo, la prepotencia y la ambición de continuar dominando y subordinando al mundo».
Ortega considera que entre los 40 detenidos hay «mercenarios», en lugar de opositores, que tratan de derrocarlo con el apoyo de Washington.
El pasado 19 de noviembre el gobierno de Ortega pidió retirar a Nicaragua de la OEA, organismo al que calificó de «instrumento de injerencia e intervención» que «busca facilitar la hegemonía de Estados Unidos».
