La fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero.
El juez Romualdo Aguedo presidió la audiencia en que la fiscal Rosa Gonzales fundamentó el pedido de prohibir la salida del país al jefe de Repsol en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, y a otros tres ejecutivos de la compañía.
Los abogados de la defensa no impugnaron la solicitud en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia.
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como «desastre ecológico» por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol.
La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
El buque ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
La audiencia de esta tarde, que duró casi una hora, comenzó con la presentación de los argumentos por parte de la fiscal, quien explicó que Fernández-Cuesta es investigado como presunto «autor» del delito de «contaminación ambiental» y los tres coacusados como «cómplices».
«Esta fiscalía considera y es preciso que estos imputados permanezcan dentro del territorio nacional a objeto de asegurar el esclarecimiento de estos hechos», dijo Gonzales en la audiencia virtual.
«Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas […] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento», añadió.
Tras las exposiciones de la fiscal y los defensores, Aguedo -juez de Investigación Preparatoria de Ventanilla- anunció que entregará su resolución este viernes a las 08.00 locales (13.00 GMT).
Entidades fiscalizadoras
El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
Los otros tres directivos peruanos de la petrolera son Renzo Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería), Gisela Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).
La fiscalía ha dicho que «es necesario» además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos.
El procurador [abogado litigante] del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental «tiene una penalidad de 4 a 5 años».
Sin embargo, aclaró que el delito «en agravado puede subir de 6 a 7 años», pues los jefes de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo «información falsa» sobre el derrame a las autoridades.
Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido «seis galones» de crudo (24 litros)», pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles (casi un millón de litros).
Olla común en muelle
El crudo derramado se expandió a lo largo de la costa hasta Chancay, a 60 km la refinería, afectando a más de 20 playas.
En el muelle de la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, los pescadores artesanales preparaban este jueves una olla común para el almuerzo de unas 50 familias, pues no tienen ingresos desde hace 12 días.
«Las áreas de donde los pescadores traen su pan para cada día están afectadas. Los trabajadores que fileteamos no tenemos trabajo», dijo a la AFP Katy Medina.
«Los ciudadanos ya no confían en los peces, porque dicen que los pescados están contaminados. Todo esto está afectando a la sociedad en sí», se lamentó la trabajadora de 33 años.
Cartas del capitán
El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo el martes que la petrolera «tiene que pagar por los daños a la población y a la naturaleza», y al día siguiente su ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, advirtió que las sanciones «podrían incluso conllevar a la paralización de la empresa» en el país.
Por su lado, el capitán del «Mare Doricum», el italiano Giacomo Pisani, se quejó «por la falta de reacción y respuesta de los encargados de la refinería» al momento del derrame, según cartas suyas publicadas por el diario limeño El Comercio.
En sus misivas y en diálogo con tres ministros peruanos a bordo del buque, entre ellos Ramírez, el capitán «dio cuenta de nueve irregularidades y malas prácticas cometidas por Repsol, las que habrían ocasionado el desastre ambiental», indicó el periódico este jueves.
Una segunda fuga de unos ocho barriles crudo se produjo este martes mientras se realizaban labores en el mismo ducto submarino, pero Repsol negó que se tratara de un «nuevo derrame de petróleo».
