La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
A la justicia
El viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación. El abogado que representa a Cálix, José Rodríguez, presentó un recurso de amparo para que se reconozca a su patrocinado.
«El recurso de amparo, una vez que lo admita la Corte, deberá, si lo decide (…) suspender en sus funciones al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la junta directiva de Cálix, mientras se resuelve el conflicto», dijo a la AFP.
Más temprano, José Lagos, dirigente de un partido minoritario, también acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso contra Cálix, «por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados en el Congreso Nacional».
Castro le ha ofrecido a Cálix integrarse a su equipo de gobierno, pero él no ha respondido.
«Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ [Corte Suprema] (…) Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos», sostuvo el viernes en Twitter.
La Corte deberá responder en la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía.
En tanto, 44 diputados de PN presentaron una denuncia criminal contra Redondo, alegando «usurpación de funciones públicas».
Incertidumbre
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado, en medio del desconcierto de sus trabajadores, que estaban impedidos de ingresar.
«Se nos ha negado el permiso de poder ingresar. Es extraño, nunca se nos han cerrado las puertas, siempre han estado abiertas, pero en esta semana no hemos podido ingresar a las instalaciones», dijo Rosibel León, de 41 años, trabajadora del área de Protocolo del Parlamento.
«Somos parte administrativa del Congreso, no impínorta el partido (…) Estamos pidiendo a las autoridades que por favor resuelvan sus problemas políticos. Solo queremos entrar en las oficinas como nos corresponde por ser empleados», agregó.
Mientras, en el primer día de su gestión, Castro ratificó la cúpula militar encabezada por el contraalmirante José Fortín, y se reunió con canciller de México, Marcelo Ebrard.
