Matrimonio gay, maternidad subrogada, familias «multiparentales»: son las ocho de la noche y, en el patio de una escuela de La Habana, los cubanos están invitados a opinar sobre el nuevo Código de Familias, que renovará la ley vigente desde hace 47 años.
Una veintena de personas participan en esta reunión local en la escuela Camilo Cienfuegos, situada en San Agustín, un barrio obrero del oeste de la capital.
Una bandera cubana fue colgada para la ocasión. Todos se levantan al comenzar la sesión para cantar «La Bayamesa», el himno nacional.
Detrás de una mesa, junto a tres representantes del Consejo Nacional Electoral, dos juristas se turnarán para explicar el texto del proyecto que comprende 11 capítulos en 117 páginas. Los participantes podrán tomar la palabra para proponer una modificación, una supresión, un añadido o expresar dudas.
El público permanece en silencio mientras la reunión avanza rápido. «¿Alguien quiere intervenir?», pregunta un jurista tras explicar un pasaje. Sólo suena un teléfono. «¿Se entiende lo que estamos explicando?». «Sí, se entiende», responde la asamblea a coro. Finalmente, una mujer se levanta: «Estoy de acuerdo, pero estoy más de acuerdo con que hay que estudiarlo primero».
Temas sensibles
Están planificados 78.000 puntos de encuentro como éste hasta finales de abril. Los cubanos en el extranjero también están invitados a expresarse, pero no podrán votar en el referéndum que validará el texto.
El código, que sustituirá al vigente desde 1975, pretende revolucionar el concepto de familia introduciendo la posibilidad de reconocer varios padres y madres, además de los padres biológicos y la «gestación solidaria», siempre que no implique lucro.
Otra gran novedad es la definición del matrimonio como una unión «entre dos personas», que abre la puerta al matrimonio homosexual.
Para Maykel González, director y periodista de la revista digital LGBT Tremenda Nota, «este código de las familias también es resultado de nuestro trabajo (…) de la presión» en los últimos años como activistas, aunque llega en el momento justo para el gobierno comunista, «en medio de la crisis política del país», tras las históricas manifestaciones del 11 de julio.
«El gobierno está otorgando derechos largo tiempo reclamados» y «es una forma de aparecer ante el mundo como garante de los derechos humanos, cuando realmente están violando más derechos que nunca», con centenares de manifestantes en prisión, algunos condenados a 20 o 30 años.
«Por supuesto estamos respaldando» el texto porque «esos espacios a los derechos humanos, de igualdad, que son al fin y al cabo también espacios de libertad, valen la pena siempre, da igual en qué contexto se produzcan».
Estos temas siguen siendo sensibles en una sociedad aún marcada por el machismo y cuyo gobierno persiguió y marginó a los homosexuales en los años 60 y 70, antes de enmendarse.
Las autoridades intentaron antes incluir el matrimonio igualitario en la nueva Constitución en 2019, pero el rechazo de las iglesias evangélica y católica les obligó a retroceder.
‘Debates controlados’
Cuando un jurista saca el tema, un hombre se levanta inmediatamente: «El matrimonio debe ser como estaba antes, entre hombre y mujer, no eso de dos mujeres, dos hombres, ¿qué es eso?», dice indignado.
Los representantes de la Junta Electoral toman nota, escrupulosamente, de su nombre y de su propuesta, con la consigna de no hacer ningún comentario ni abrir un debate.
Un matrimonio «entre dos mujeres, entre dos hombres, eso tiende a crear una indisciplina enorme social», dice a la AFP este hombre, Asdrubal Sevillano, de 53 años. Pero, «todo lo demás está muy bien».
«Democráticamente, cada cual pudo expresar su criterio libremente sin que nadie lo atacara», dijo el diputado José Castañeda, de 62 años, presente en la reunión, explicando que estas observaciones serán trasladadas a la comisión nacional encargada de modificar el texto, cuya versión final será publicada en julio.
La ONG Demoamlat denunció esta semana fallas en estos «debates controlados»: «No hay garantías de que el Código de Familias que se lleve a referendo exprese la voluntad de las y los cubanos».
En su reporte de 2021, Freedom House estimó que el «sistema autoritario de partido único de Cuba excluye en gran medida a los ciudadanos de una participación política auténtica y autónoma».
«El enemigo (Estados Unidos) hace sus intentos de socavar nuestro proyecto social y (…) con las redes sociales, nos ataca, nos tilda de antidemocráticos y nosotros tenemos una democracia participativa», se defiende Rodolfo Rodríguez, de 57 años, un jurista presente en la reunión.
Otra crítica de la oposición es que el Código Penal no sea también sometido a consulta antes de su aprobación.
(15/02/2022)
