Las cárceles ecuatorianas se siguen desangrando. En poco más de un año de crisis van 350 reclusos muertos en unas de las peores masacres jamás vistas en los penales de Latinoamérica y que minan cada vez más la confianza en el Estado para retomar el control.
La última matanza ocurrió el domingo en la cárcel de El Turi, en la ciudad de Cuenca (sur), donde murieron 20 presos, varios de ellos mutilados.
Con esta ya son cinco masacres desde febrero de 2021, cuando estalló una crisis que el gobierno insiste en relacionar con peleas entre bandas del narcotráfico que se tomaron el hacinado sistema penitenciario, pero que ha sido incapaz de conjurar.
La secuencia es la misma: a una balacera en medio de la noche le sigue un reguero de cuerpos desmembrados con explosivos o a golpe de machete.
Acorralado por las críticas, el presidente Guillermo Lasso ha destinado más recursos y anunciado la incorporación de más guías penitenciarios. En diciembre creó un comisión civil para pacificar las prisiones y su primer informe fue demoledor.
«Por las condiciones en que sobreviven las personas privadas de libertad, estos centros carcelarios se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura», señaló el comité.
Incapacidad y apatía
Vianca Gavilanes, abogada de la Fundación Dignidad, que defiende los derechos humanos de reclusos, anota dos posibles causas de la interminable crisis: «una apatía generalizada» frente a la vida de los presos y un Estado que olvidó «sus deberes de garante» de las mismas.
También cuestiona la falta de reacción de las autoridades, pese a sistemas de inteligencia y denuncias de familiares y organizaciones sociales que advierten cada tanto sobre una inminente matanza en el sistema carcelario.
«Parecería que la Policía está esperando que se mueran adentro, que se asesinen entre ellos, y solo levantar los cadáveres», comenta a la AFP Gavilanes.
Para Mayra Flores, investigadora del Centro Kaleidos que hizo un diagnóstico del sistema penitenciario tras las primeras matanzas, «la cárcel siempre ha tenido una dinámica que excede el control del Estado».
Aunque en el pasado – matiza la experta – hubo normas que propiciaban la convivencia dentro de los reclusorios y otorgaban más beneficios a los internos, entre ellos visitas familiares más flexibles.
Pero a partir de 2014 se endurecieron las leyes para castigar con cárcel más delitos y a la par se construyeron megaprisiones.
Tensiones internas
Pese a la asignación de recursos, todavía faltan más custodios para frenar la violencia que Lasso vincula exclusivamente con las disputas de los narcos por rutas y cargamentos de droga. «El Estado mismo no le da la prioridad y la importancia que debería tener (el sistema carcelario) y tiene una visión muy cerrada, muy dentro del discurso de la guerra contra las drogas», indicó a la AFP la antropóloga Flores.
No obstante, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, reconoce que «hay corrupción en el sistema penitenciario» y que incluso el «Estado ecuatoriano ha sido ya humillado por las mafias» dentro de las cárceles por cuenta del ingreso y tráfico de armas.
De acuerdo con Flores, la presencia policial en las prisiones tensa aún más la cuerda: «la Policía, con el órgano de inteligencia, lo que hace es crear tensiones en la cárcel porque está buscando siempre información y dando privilegios dentro de la prisión».
Agrega que los beneficios generan también disputas entre los reclusos que se «transforman en violencia». En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 35.000 presos. La población carcelaria se redujo tras indultos en 5.000 internos.
Una juventud castigada
Con diez meses en el poder, Lasso afirma que heredó el problema carcelario y que enfrenta la reacción a su política de mano dura contra el narcotráfico. «Las bandas delincuenciales no se quedan quietas, actúan en las cárceles primero y luego trasladan su lucha hacia las calles en disputas de territorio», señala.
Ubicado en medio de Colombia y Perú – los mayores productores de cocaína -, Ecuador decomisó el año pasado el récord de 210 toneladas de droga.
En su informe, la comisión creada por Lasso apuntó además que las prisiones «se han convertido en centros de retención juvenil». Un 75% de los reclusos incluye a «jóvenes entre 18 y 35 años», detalló.
La política antidrogas castiga principalmente a jóvenes de barrios empobrecidos, sin acceso a trabajo o estudios y que son judicializados por hurto o microtráfico.
«¿Qué están castigando? Lo que están castigando es la pobreza porque a la final son esas personas las que están hacinadas en las prisiones», sentencia Flores.
(06/04/2022)
