El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) será extraditado este jueves hacia Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, un delito que en ese país es castigado hasta con cadena perpetua.
Aunque inicialmente la salida de Hernández estuvo prevista para las 07.00 locales (09.00 en Bolivia), el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, informó este jueves que se reprogramó para las 13.00 (15.00 en Bolivia).
«Quería informar del retraso que tuvo el vuelo de la DEA [agencia antidrogas de Estados Unidos]: va a venir hasta la una de la tarde y eso ha pospuesto nuestros planes», explicó el ministro en rueda de prensa.
Hernández, alguna vez aliado de Washington, está recluido en una prisión del cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía, en el este de Tegucigalpa, conocida como Los Cobras. Desde allí será llevado a la base de la Fuerza Aérea Hondureña en el aeropuerto Toncontín, sur.
Luego abordará una aeronave estadounidense que lo llevará a Nueva York, donde quedará en prisión y será sometido a juicio.
En la solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, «Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína».
Mediante la conspiración se transportaron «aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos», agregó el documento.
Abogados en Nueva York
La extradición, aprobada inicialmente por un juez, fue luego ratificada a fines de marzo por los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todos ellos nombrados durante el primer gobierno de Hernández.
En un comunicado, la familia del expresidente anunció que contrataron en Nueva York a los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez para que asuman su caso y sean en adelante los portavoces del proceso.
La familia de Hernández reiteró la «inocencia» del expresidente y lo consideró «víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos».
Según ha argumentado el expresidente, los capos que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas, «y en base a mentiras, acusar al expresidente de cometer actos reñidos con la ley de ese país».
El exgobernante incluso llegó a mostrar con orgullo los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas.
Incluso en 2017, cuando logró ser elegido para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y enfrentamientos ciudadanos que dejaron una treintena de muertos, Estados Unidos fue uno de los primeros gobiernos en saludar su triunfo.
Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022. Días después el Departamento de Estado anunció su inclusión en una lista de personajes corruptos, para luego pedir su extradición.
Un ‘narco-Estado’
JOH, como se le conoce por sus iniciales, fue arrestado el 15 de febrero, a solicitud de Estados Unidos.
Su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo del 2021 acusado también de fabricar su propia cocaína con la marca de sus iniciales, «TH».
En el juicio, los fiscales federales señalaron que «Tony» operaba con su hermano e instituciones del gobierno, convirtiendo a Honduras en un «narco-Estado».
Otro exfuncionario que aguarda extradición es el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla, acusado de «supervisar» las operaciones de narcotráfico del expresidente.
«Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida», ha dicho Hernández, previendo las duras condenas que podrían esperarle.
«Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños nos llevaría a ser conocidos como narco-Estado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos», lamentó hace unos días.
(21/04/2022)
