La justicia de Ecuador revocó este viernes un privilegio a favor del exvicepresidente Jorge Glas y ordenó su captura «inmediata» para que regrese a la prisión donde cumplía una condena por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Un tribunal de la provincia de Santa Elena (suroeste) decidió «declarar la nulidad de todo lo actuado» por el juez que otorgó el recurso de habeas corpus el pasado 10 de abril, señala la sentencia que consta en el portal del Consejo de la Judicatura.
La Corte además dispuso la «inmediata localización, captura y traslado» del exvicepresidente, de 52 años, a la cárcel de la andina provincia de Cotopaxi (centro), donde pagaba una pena de seis años de prisión por recibir coimas de Odebrecht.
Glas también fue condenado en última instancia a ocho años de reclusión por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016», en el que también fue sentenciado en ausencia el exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).
El exvicepresidente, que gobernó junto a Correa desde 2013 y fue reelegido en binomio con Lenín Moreno (2017-2021), fue condenado en 2021 a ocho años de prisión por peculado en la concesión de un campo petrolero. Esa pena aún no se ejecuta por existir apelaciones.
«Ha habido una presión mediática y política sin precedentes sobre el tribunal de Santa Elena, que clamorosamente falla contra derecho», escribió Correa en su cuenta de Twitter.
Agregó que «la maldad ha vuelto a triunfar».
Por su parte, el ministerio del Interior indicó en la misma red social que recibió la notificación de la sentencia y «procederá con lo solicitado».
Tras recibir el habeas corpus, Glas se trasladó a la ciudad de Guayaquil (suroeste), donde vive su familia. Ahí se ha presentado periódicamente ante un juez, como medida sustitutiva a la cárcel.
El exvicepresidente se entregó en octubre de 2017 a la justicia que lo indagaba por los millonarios sobornos entregados por Odebrecht para hacerse de contratos en Ecuador.
Perdió el cargo en enero de 2018, cuando el Congreso declaró su ausencia definitiva en el puesto tras ser condenado. Entonces, se convirtió en el funcionario de más alto rango de Latinoamérica en ser sentenciado por la trama de coimas de la constructora brasileña.
