Perú prorrogó este jueves por 90 días la «emergencia ambiental» en la zona de la costa central afectada por el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en enero, informó el gobierno.
«Prorrogar por el plazo de 90 días a partir del 2 de junio de 2022, la declaratoria de emergencia ambiental en el área geográfica que comprende la zona marina costera», indica una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
El derrame en el mar ocurrió el 15 de enero mientras el buque ‘Mare Doricum’, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de la petrolera española Repsol.
La compañía atribuyó el siniestro al oleaje causado por una erupción volcánica en Tonga, al otro lado del océano Pacífico.
La resolución indica que seguirá vigente «el Plan de Acción de Inmediato y Corto Plazo», de limpieza en las zonas del litoral afectadas.
El derrame de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.
Perú declaró pocos días después del siniestro la emergencia ambiental por 90 días en la zona costera.
Repsol informó en abril que culminó las acciones de primera respuesta en 28 playas afectadas por el crudo. Sin embargo, la evaluación del ministerio de Salud mantiene la condición sanitaria de «mala» en 25 playas de seis distritos de Lima y del Callao, desde el Ventanilla hasta Chancay, al norte.
La Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Los demás ejecutivos son peruanos.
La agencia de defensa del consumidor de Perú demandó el 13 de mayo ante la justicia local a Repsol por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame. La empresa alega que esta acción judicial carece de fundamentos.
Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso también seis multas a Repsol por unos 740.000 dólares.
Además, la Fiscalía pedirá la extradición del capitán del buque involucrado, Giacomo Pisani, quien abandonó Perú el 9 de marzo. La nave permanece, por orden judicial, anclada a seis millas del puerto del Callao, vecino a Lima, bajo vigilancia de guardacostas.
Las actividades pesqueras y turísticas en la zona se han visto perjudicadas desde el siniestro, considerado la peor emergencia ambiental registrada por Perú.
