Varios miles de indígenas de Ecuador llegaron el lunes a Quito en el octavo día de protestas contra el precio de los combustibles, denunciadas por el presidente Guillermo Lasso de buscar «el caos» e intentar sacarlo del poder.
Tras el ingreso de la marcha a la capital, Lasso amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, a las andinas Chimborazo y Tungurahua, y la amazónica Pastaza.
«Con esta decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente», señaló la casa de gobierno a través de su secretaría de Comunicación.
A pie, en motocicletas y en abarrotados camiones, los aborígenes iniciaron una marcha pacífica desde el sector de Cutuglagua, en la entrada sur de la capital, donde de manera progresiva se fueron concentrando desde el domingo.
Un centenar de indígenas también entró por el norte.
La cabeza de la larga caravana había avanzado unos 5 km rumbo al centro de la ciudad, de tres millones de habitantes, a la espera de instrucciones de la dirigencia, según indicaron los manifestantes.
La opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, impulsa desde hace una semana marchas en Quito y otras ciudades, y bloqueos de rutas para reclamar al Ejecutivo una rebaja de precios de combustibles.
El galón de diésel subió un 90% (a 1,90 dólares) y el de gasolina corriente en 46% (a 2,55) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
La Conaie, liderada por Leonidas Iza desde 2021, reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
Lasso acusó este lunes al movimiento indígena de tener la intención de poner fin a su gobierno, que inició en mayo de 2021.
«Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren botar al presidente», declaró el gobernante en un video divulgado en su cuenta en Twitter.
«Hasta las últimas consecuencias»
Para aceptar conversar, los indígenas, que representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos, piden que el gobernante atienda un pliego de 10 demandas. La lista incluye también una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, el control de precios agrícolas, más empleo, la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas y más presupuesto para salud, educación y seguridad.
Pero Lasso ha enfatizado que la rebaja de los combustibles no es negociable.
En la caravana, que ocupó los dos carriles de una gran avenida, iban hombres y mujeres con niños en brazos. Unos llevaban banderas de Ecuador y otros palos y escudos de madera y metal.
A la marcha se sumó el Frente Popular, que aglutina a diversas organizaciones sociales. «Fuera Lasso, fuera», gritaban los manifestantes.
«Somos pueblo y tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias», dijo a la AFP Víctor Taday, un indígena de la provincia de Chimborazo (sur) que vive en Quito.
Taday, un taxista de 50 años, se unió a la protesta por considerar que el costo de los combustibles ha encarecido la vida.
Su deseo es que Lasso, un exbanquero de derecha, «se vaya».
En una semana las manifestaciones dejan 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 79 detenidos y 55 civiles heridos.
La universidad Salesiana, en el norte de la capital, decidió el lunes «abrir las puertas» de sus instalaciones como «zona de paz y acogida humanitaria» para los indígenas y llamó «a deponer acciones y actitudes que interfieran o alteren los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones».
Tradicionalmente, los indígenas se alojaban en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), también en el norte, pero la víspera la entidad fue ocupada por la Policía, que la requisó.
Allí se instaló personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden «ante las amenazas de grupos sociales que usan como forma de protesta la violencia», dijo la institución policial.
