La trasnacional española Telefónica reveló solicitudes de «interceptaciones» de más de 1,5 millones de sus líneas de telefonía y accesos a internet en Venezuela en 2021, lo que defensores de derechos humanos consideraron como señal del avance de un programa de «vigilancia masiva» estatal.
Las «interceptaciones legales» de líneas de telefonía y accesos de internet de Telefónica saltaron de 380.250 en 2016 a 861.004 en 2021, con más de 1,5 millones de «accesos afectados» en ese último año, según un informe de la compañía, presente en la nación caribeña desde 2005.
La empresa difundió datos sobre las solicitudes de interceptaciones y bloqueos a sitios web recibidas de las autoridades en los doce países donde opera: Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
«Es un abuso sistemático de la interceptación de comunicaciones», dijo a la AFP Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, una ONG venezolana que lucha contra bloqueos y restricciones en internet.
Las interceptaciones por agentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades, cuyo número se cuadruplicó en seis años, evidencian «un programa de vigilancia masiva a través de intercepción de comunicaciones y captura de metadatos», alertó Azpúrua.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que monitorea ataques contra la libertad de expresión, lamentó el «aumento de los pinchazos telefónicos».
Estos «pinchazos» abarcaron a 20% de los clientes de Telefónica en Venezuela frente a solo 0,28% en Brasil, 0,05% en Argentina o 0,00% en México, Colombia y Ecuador.
Además se dieron entre 2016 y 2021 más de 3,5 millones de solicitudes de «intercepciones» destinadas a conocer datos del suscriptor y su ubicación «en tiempo real».
Y cerca de un millón de líneas (997.679) fueron afectadas por solicitudes de «metadatos»: información personal, localización, direcciones IP, cantidad de mensajes de texto recibidos y enviados, y llamadas entrantes y salientes.
El informe resalta, entre las «autoridades competentes» que han hecho las solicitudes, al Servicio de Inteligencia (Sebin) «previa solicitud del Ministerio Público y autorización del juez correspondiente», la policía científica y la Fuerza Armada, así como los «demás órganos y entes especiales de investigación penal».
Sobre el Sebin hay múltiples denuncias de violación de derechos humanos y persecución de opositores.
También está facultada para pedir intervenciones telefónicas la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
«En términos prácticos, ¿cuál es la necesidad que una universidad tenga potestad para intervenir comunicaciones privadas?», cuestionan miembros de Espacio Público.
«Esto habla de un nivel de vigilancia altísimo por parte del Estado», comenta a la AFP Correa.
Telefónica es el principal proveedor de telefonía móvil en Venezuela. La estatal CANTV, por su parte, domina el mercado de telefonía e internet fijo.
