La justicia de Ecuador suspendió el lunes hasta el 9 de agosto el juicio contra el líder indígena Leonidas Iza por paralizar un servicio público al bloquear vías durante las recientes protestas contra el gobierno en las que murieron seis personas.
«Se difiere la audiencia de juicio directo contra Leonidas I. por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público. La diligencia se fijó para el 9 de agosto a las 11:00 (locales, 16H00 GMT) y fue declarada reservada», informó la Fiscalía por Twitter un par de horas después de que comenzara el proceso penal.
El juicio comenzó en un tribunal de la localidad de Latacunga (centro andino), en cuya jurisdicción Iza -quien se presentó a la audiencia- fue detenido por 24 horas el 14 de junio, en medio de las manifestaciones nacionales por el alto costo de vida.
La Defensoría del Pueblo indicó previamente por Twitter que su delegación en Latacunga «se encuentra presente en la audiencia de juzgamiento para vigilar el debido proceso que sigue Fiscalía en contra de Leonidas Iza», presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Raúl Ilaquiche, uno de los abogados defensores, señaló a la AFP que el juicio durará «varios días» debido a la cantidad de testigos y pruebas.
Iza, quien fue arrestado por el cierre de carreteras, es acusado por la Fiscalía de paralizar un servicio público, lo que es sancionado con hasta tres años de cárcel.
«Presión fatal»
Unos 2.000 aborígenes, según el departamento de Seguridad Ciudadana del municipio local, se concentraron en cercanías del tribunal, que apareció acordonado por vallas metálicas y policías, para expresar de manera pacífica su apoyo al jefe de la Conaie, que impulsó 18 días de protestas que dejaron seis muertos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles.
Los manifestantes se retiraron sin provocar incidentes.
Carlos Poveda, otro de los abogados de Iza, manifestó a la prensa que la defensa impugnó la competencia de la jueza Paola Bedón porque fue quien ya conoció la causa a raíz de la detención.
Bedón dispuso el 15 de junio la inmediata liberación del líder indígena con la condición de presentarse de manera periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país.
«Hemos pedido que se haga la consulta a la Corte Constitucional sobre un tema que es importante: creemos que la jueza que ya conoció (la etapa de) flagrancia no puede ser la jueza que resuelva. Hay contaminación probatoria», expresó Poveda.
La Corte Constitucional tiene hasta 45 días para pronunciarse, por lo que el juicio se suspendió hasta el 9 de agosto.
«He sentido realmente una presión fatal para que la justicia actúe parcializada», declaró Iza a la prensa al salir de la audiencia, a la que concurrió con sus habituales poncho rojo y sombrero.
«Exigimos a la justicia ordinaria de este país que debe tener imparcialidad, garantizar el debido proceso», añadió.
Negociaciones
Iza comandó protestas contra el gobierno del presidente derechista Guillermo Lasso en reclamo de rebaja de hasta 21% de los precios de los combustibles más utilizados, moratoria para el pago de créditos de campesinos con la banca y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos.
El Ejecutivo y la Conaie, con la mediación de la Iglesia católica, firmaron el jueves pasado en Quito la denominada «acta de paz» para poner fin a las manifestaciones, durante las cuales unos 10.000 nativos se desplazaron desde sus comunidades para protestar en Quito.
Como parte de los acuerdos, el gobierno disminuyó hasta en 8% el precio de los combustibles, quedando en 1,75 dólares el galón de diésel y en 2,40 el de gasolina.
Asimismo, el próximo jueves se instalará una mesa de diálogos entre las partes para negociar pedidos pendientes de los aborígenes como la focalización de más subsidios a combustibles para las áreas rurales.
«Tenemos 90 días para garantizar que los acuerdos firmados puedan realizarse en la práctica diaria», apuntó el dirigente nativo.
La Conaie, que participó en revueltas que provocaron la caída de tres presidentes entre 1997 y 2005, también lideró protestas antigobierno en octubre de 2019 contra la eliminación de subsidios a los carburantes, que ahora representan al Estado más de 3.000 millones de dólares al año.
