La codicia del hombre sobre la riqueza amazónica tiene vía libre en las ‘selvas públicas no destinadas’ de Brasil, una inmensa área no regulada donde invasores de tierras, mineros y madereros ilegales campan a sus anchas.
Por avatares de la historia y desidia de las autoridades, unos 830.000 km2 -cerca del 20% de la Amazonía brasileña, casi el tamaño de Venezuela- no están catalogadas ni como unidad de conservación, ni como reserva indígena, ni como tierra privada, y por ello están menos vigiladas y más expuestas a la explotación indiscriminada.
Desde hace décadas, florecen iniciativas para regularlas y protegerlas.
Datos
A orillas del río Manicoré, un serpenteante curso de agua negra que surca el sur del estado Amazonas (norte)
Quince comunidades tradicionales que viven de la pesca, la caza y los frutos, luchan desde 2006 por constituir las casi 400.000 hectáreas de frondosa selva donde viven en una Región de Desarrollo Sostenible (RDS), una de las formas de conservación previstas en Brasil.
Un puñado de casas precarias de madera, entre las que merodean gallinas y puercos.
Una pequeña escuela y una iglesia forman la comunidad Terra Preta, donde varias familias se sustentan con la producción de harina de yuca, de açaí -una fruta rica en fibra-, o el aceite de andiroba -fruto con propiedades medicinales y cosméticas-.
«La devastación la vemos en forma de balsas que bajan cada día por el río llenas de madera de la selva», relata a la AFP Cristian Alfaia, uno de los líderes comunitarios de la región.
Según datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), entre 1997 y 2020, el 87% de la deforestación amazónica en suelo público tuvo lugar en áreas ‘no destinadas’, gran parte en tierras invadidas y registradas de forma fraudulenta como privadas.
El 13% restante se lo reparten las tierras indígenas y las unidades de conservación.
(15/07/2022)
