Al menos 122 defensores de derechos humanos fueron asesinados en los primeros siete meses del año en Colombia, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del 2021 que evidencia un repunte de la violencia, informó el viernes la Defensoría del Pueblo.
«Entre el primero de enero y el 31 de julio del 2022 se presentaron 122 homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos», indicó en un comunicado la entidad estatal que vela por las garantías fundamentales en Colombia.
En ese mismo periodo del 2021 se registraron 90 asesinatos de activistas y en todo el año pasado el balance fue de 145 casos, de acuerdo con la oficina de Ombudsman.
El organismo estatal estableció que entre los muertos hay 27 indígenas, en un país donde el 4,4% de los 50 millones de habitantes pertenece a un pueblo originario.
«Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables», señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en el boletín.
Desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016, los homicidios contra los líderes comunitarios son recurrentes. Organizaciones sociales denuncian que guerrilleros que siguen alzados en armas, miembros de grupos narcotraficantes y agentes estatales estarían detrás de las muertes.
Los departamentos con mayor número de casos fueron Cauca (19), Nariño (17), Antioquia (12) y Putumayo (11). En estas regiones los grupos armados se disputan el control de los narcocultivos, en el mayor productor de cocaína del mundo.
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas, según oenegés como la internacional Global Witness, que en su informe más reciente lo señala como el más letal para los ambientalistas (65 muertos en 2020).
El nuevo presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, que asumió el 7 de agosto, presionó a las fuerzas de seguridad estatales para que protejan «al máximo» a los defensores de derechos humanos.
