Un fiscal de Perú pidió 29 años de prisión y acusó de lavado de activos a la exalcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán, por un caso vinculado al escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, informó este jueves el Ministerio Público.
«La fiscalía solicitó contra Villarán una pena de 29 años de pena privativa de la libertad, por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de USD 10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio», aseguró la institución en su cuenta Twitter.
El expediente acusatorio lo presentó a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato Perú, quien investiga la causa desde hace cinco años.
La imputación contra quien fuera alcaldesa entre 2011 y 2014 es «por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo», señaló la fiscalía.
La Corte debe ahora revisar el expediente fiscal y fijar una fecha de inicio de juicio, lo que puede tomar meses.
Villarán, de 73 años, se halla en libertad vigilada desde mayo de 2021, tras haber estado un año en prisión preventiva y ser excarcelada por la pandemia.
La fiscalía le imputa haber recibido 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar dos campañas electorales.
En 2019, la exalcaldesa socialista de la capital peruana admitió que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS financiaron una campaña contra la revocación de su mandato que impulsó la oposición en 2013.
Sin embargo, según ella, el aporte fue de cuatro millones de dólares, cifra que difiere de los 10 millones que la fiscalía consigna.
El exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, dijo a fiscales peruanos que la empresa aportó a esa campaña porque temían que, de ser destituida, peligrarían las obras que la empresa realizaba para la ciudad.
El testimonio de Barata es parte de un acuerdo de colaboración suscrito entre Odebrecht y la fiscalía peruana.
La Municipalidad de Lima maneja un gran presupuesto para contratos de obras públicas.
Perú es uno de los países alcanzados por la operación brasileña anticorrupción ‘Lava Jato’, que descubrió que empresas de ese país pagaban coimas a funcionarios y autoridades para la obtención de contratos y ganar licitaciones dentro y fuera de Brasil.
Odebrecht admitió en 2016 ante las autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.
