La nueva Constitución que será sometida a plebiscito en Chile este domingo convierte al país en un Estado plurinacional que otorga autonomía política y financiera a los indígenas y les permite regirse por su propia justicia.
Pero en la fracturada sociedad chilena, la propuesta ha provocado una fuerte oposición tanto de la derecha conservadora que defiende el status quo como de los indígenas más radicales, que reclaman su propia nación independiente.
Un 12,8% de los 20 millones de chilenos se identifican como indígenas.
«Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico», lee el nuevo texto escrito por una Convención Constitucional que incluyó a varios integrantes indígenas.
No obstante, no permite la secesión ni atentar contra el carácter «único e indivisible» del Estado de Chile.
A diferencia de la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el nuevo texto reconoce a 11 pueblos originarios: Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nam.
Los detractores sostienen que otorgar tal autonomía a los indígenas y permitirles guiarse por una justicia especial los convertirá en ciudadanos «privilegiados», pero quienes apoyan la plurinacionalidad creen que salda una vieja deuda.
Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para decidir en un plebiscito si «aprueban» o «rechazan» este nuevo texto, que consagra además un nuevo catálogo de derechos sociales y un nuevo sistema político.
El «rechazo» lidera todas las encuestas, con hasta un 56%, aunque el resultado aún es incierto porque por primera vez desde 2012 el voto será obligatorio.
División entre indígenas
Los indígenas más radicales creen sin embargo que la plurinacionalidad no da respuesta a las históricas reivindicaciones de tierras que consideran suyas.
«Nosotros queremos reconstruirnos como Nación mapuche, no otra manera», dijo a la AFP el desafiante lonko (jefe) de la comunidad rural de Temucuicui, Víctor Queipul, que lidera una de las zonas más combativas del sur chileno.
A Temucuicui no se puede ingresar sin autorización de los indígenas. Aquí se dirigía la ministra del Interior, Izkia Siches, dos días después de la asunción en marzo del presidente izquierdista Gabriel Boric, cuando la comitiva fue amedrentada con balazos lanzados al aire.
«Yo no transo con ningún político, con ningún Estado», señaló Queipul.
Otros indígenas como Julio Hotus, miembro del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, un territorio insular chileno de origen polinésico en medio del Pacífico, apoyan no obstante la nueva Constitución.
Hotus dijo estar «muy esperanzado» en que el texto represente «una nueva vida para el país».
«Para nosotros, los rapanuí, es la oportunidad del siglo», afirmó.
Hilary Hinen, de la escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, aseguró que la propuesta constitucional es un «gran avance respecto a la relación entre el Estado y los pueblos originarios de Chile».
«Es sin duda muy importante dentro de ese proceso (de diálogo); ofrece herramientas que actualmente no tenemos y sin duda la plurinacionalidad sería un gran aporte para justamente tratar de encontrar vías políticas» para enfrentar el actual conflicto, que es político, afirmó.
Autodefensa
Víctor Queipul, el jefe mapuche, habló con la AFP en junio, en un territorio «recuperado» cerca de Collipulli, en Temuco, a unos 800 km al sur de Santiago, tras asistir a una reunión tribal con juegos y rituales para fortalecer su espiritualidad y planificar las estrategias de combate.
Mediante ataques incendiarios, sabotajes a empresas forestales y ocupaciones pacíficas, comunidades mapuche han logrado «recuperar» algunas zonas del territorio que consideran suyas y donde hoy habitan en concordancia con sus tradiciones ancestrales.
«Para ellos la vía no es un nuevo pacto democrático, sino una ruptura con el Estado», explicó a la AFP el abogado y académico mapuche Salvador Millaleo.
El académico consideró esto como «un error histórico», ya que en su gran mayoría el pueblo mapuche apoya «una solución pacífica».
En las últimas semanas, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, mapuche) y otras agrupaciones indígenas radicales intensificaron los ataques incendiarios, obligando al gobierno de Boric a militarizar la región de La Araucanía, aunque había prometido no hacerlo en su campaña electoral.
«Hay un uso excesivo de la violencia por parte del Estado a la cual un sector del movimiento mapuche ha respondido con la autodefensa, pero esta autodefensa es responsable y proporcional a lo que el Estado chileno ha hecho con este movimiento mapuche», estimó el historiador mapuche Fernando Pairican.
Los mapuches viven hoy en apenas 5% de lo que eran sus antiguos territorios en el sur de Chile, que quedaron en manos de empresas forestales y agricultores. Su tasa de pobreza duplica la del resto de la población.
