El proyecto de nueva Constitución sometido a votación este domingo en Chile encamina al país a poner una lápida al sistema económico neoliberal que impuso la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), para sentar las bases de un modelo con derechos sociales.
La Constitución actual que los electores decidirán este domingo si «aprueban» o «rechazan» reemplazar por un nuevo texto fue la primera en instaurar un sistema económico neoliberal.
A partir del retorno a la democracia en 1990 tuvo varias reformas para agregar más regulaciones.
Sin embargo, dejó en manos privadas áreas esenciales como la salud, la educación y las pensiones.
La propuesta nueva garantiza derechos sociales reclamados por años en las calles de Chile pero contiene modificaciones cuyos alcances generan profundas divisiones entre los economistas.
Busca «continuar profundizando el cambio hacia un Estado de bienestar, aunque en estos años de retorno a la democracia ha habido muchos cambios que han apuntado a eso en lo grueso», dijo Cristian Echeverría.
Echeverría es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
«Lo que estamos haciendo es buscar un texto que nos una, reivindicando lo que los países desarrollados hace mucho tiempo hicieron, que es el estado constitucional de derechos», afirmó Nicolás Eyzaguirre.
El exministro de los gobiernos de centro izquierda y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), en declaraciones a radio Cooperativa.
La versión original de la Constitución redactada en la dictadura en 1980, no establecía regulación bancaria ni a las empresas; contenía bajas tasas de impuestos y casi ninguna regulación ambiental ni a la libre competencia.
Las encuestas previas, vetadas desde dos semanas antes de la elección, indican una ventaja de la opción rechazo.
Estado social de derechos
La propuesta, redactada durante un año por una convención constituyente, establece un «Estado social de derechos», con un sistema estatal y universal de salud y educación, y el fin de las administradoras privadas de los fondos de pensiones.
El nuevo texto restablece el derecho efectivo a la huelga, descentraliza al Estado y establece el pago de un «justo precio» por expropiaciones.
Mantiene la autonomía del Banco Central y termina con derechos de propiedad sobre el agua entregados a perpetuidad en la Constitución vigente.
En minería no está prevista la nacionalización de los grandes yacimientos de cobre, metal del que Chile es su principal productor mundial con casi un tercio de la oferta global.
El país es también un importante actor en la extracción de litio.
«En lo económico no hay exocet (misil) o algo que la destruya pero varias cosas que la erosionan», dice a la AFP el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos.
«Es una propuesta pobre. No hay nada en ella que sea para mejorar la productividad. Hay un énfasis casi exclusivo en temas sociales pero no económicos», agrega.
Reformas
El texto mantiene la economía de libre mercado pero además de lo social agrega un mayor énfasis al resguardo del medioambiente.
«Una Constitución preocupada del medioambiente probablemente obligue a tener una economía menos extractivista y eso implica desarrollar otras áreas y a invertir en ciencia y tecnología», dijo la abogada feminista Gloria Maira.
La nueva propuesta corre en paralelo a la serie de reformas que impulsa el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió en marzo pasado en reemplazo del conservador Sebastián Piñera (2018-2022).
Boric, que calmó las aguas al nombrar en Hacienda al expresidente del Banco Central, Mario Marcel, impulsa la introducción de un nuevo royalty (o regalías) a la minería y una reforma al sistema privado de pensiones que actualmente otorga una mayoría de jubilaciones por debajo del sueldo mínimo (420 dólares).
Para financiar las reformas, Boric planteó un ajuste tributario que busca recaudar casi el 4% del PIB, en un momento que la economía chilena inicia una fase de desaceleración y afronta una alta inflación (13% anual).
«En la reforma tributaria a lo que aspiramos es poder recaudar más, pensando en el largo plazo, para poder construir un Estado que garantice derechos sociales universales que nos permitan generar un país más cohesionado, en donde el lugar donde naciste no determine de manera tan importante el lugar donde vas a morir», dijo Boric.
De aprobarse la nueva Constitución, el Congreso -hoy divido casi en un 50% de las fuerzas políticas de derecha e izquierda, debe tramitar leyes que habiliten la implementación de los nuevos derechos sociales.
«Se confunde la poesía con la realidad. Esos derechos sociales van a dar lugar a mucha frustración porque obviamente no están los recursos para eso», advierte Joseph Ramos.
(01/09/2022)
