Corea del Norte acusó el viernes a la nueva relatora de derechos humanos de la ONU para este país de ser un «títere de Estados Unidos» y de haber lanzado «comentarios imprudentes e imperdonables» contra el régimen, el mismo día en que Naciones Unidas denunció un aumento de la represión en la nación asiática a raíz de la pandemia.
La crítica norcoreana coincide con la visita a Seúl (Corea del Sur) de la relatora, la peruana Elizabeth Salmón, en su primer viaje desde que asumió el cargo el mes pasado.
Desde su llegada a principios de semana, Salmón, profesora de derecho internacional, mantuvo encuentros con funcionarios surcoreanos y miembros de grupos civiles para discutir la situación en Corea del Norte.
«Ya habíamos dejado clara nuestra postura de principio de no reconocer ni tratar con ningún ‘relator especial’ que no es más que un títere de Estados Unidos», dijo un portavoz del ministerio norcoreano de Asuntos Exteriores en un comunicado en inglés a la agencia oficial KCNA.
El vocero, no identificado, aseguró que las actividades de la relatora eran una cobertura para la campaña de difamación estadounidense y acusó a Salmón de haber realizado «comentarios imprudentes e imperdonables que invaden» su sistema y sus derechos soberanos.
«La ONU no debería permitir que su nombre y misión sean usados indebidamente para la política hostil de Estados Unidos hacia la RPDC», el acrónimo oficial del país, dijo el portavoz.
En una declaración publicada el viernes, Salmón afirmó que es «plenamente consciente de que el gobierno de la RPDC se opone a los mandatos de derechos humanos específicos de cada país, incluido el mío».
«Sin embargo, eso no significa que no debamos intentarlo», añadió, esperando que Pyongyang reconsidere su posición.
«No debemos renunciar al compromiso con la RPDC porque lo que está en juego son las vidas del pueblo norcoreano y sus derechos humanos».
Este mismo viernes, el jefe de la ONU lamentó en un comunicado que las violaciones de derechos humanos hayan aumentado en Corea del Norte, debido a las medidas contra el covid-19, en un informe que pide que se estudie la posibilidad de remitir el caso a la Corte Penal Internacional.
«El cierre de las fronteras del país y las restricciones a la libertad de circulación y a las interacciones sociales (…) permitieron a las autoridades limitar aún más la circulación de informaciones e ideas entre la población», escribió Antonio Guterres en la evaluación semanal publicada esta semana.
También afirma que existen «motivos razonables para creer que el estado obliga cada vez más seguido a la población a efectuar trabajos forzados no remunerados».
Naciones Unidas estableció la figura de un relator especial de derechos humanos para Corea del Norte en 2004 ante la creciente preocupación internacional por las alegaciones de vulneraciones de derechos en el régimen.
Desde entonces, ninguno de los relatores ha conseguido acceder al país.
