El papa Francisco tomó este sábado el control de la Orden de Malta, tras varios años de disputas, al anular sus órganos de dirección y nombrar un Consejo Soberano provisional.
En un decreto publicado por el Vaticano, el papa anunció que promulgó la «nueva Carta Constitucional» de la Orden y que «entraría en vigor inmediatamente».
Francisco decidió «revocar todos los altos cargos, disolver el actual Consejo Soberano y constituir un Consejo Soberano provisional», cuyos 13 miembros nombró personalmente.
El Consejo Soberano provisional deberá organizar un Capítulo (Asamblea) General extraordinario para enero con el fin de ejecutar las decisiones del papa, señala el decreto.
La Orden de Malta, fundada en Jerusalén y reconocida por el papa en 1113, es a la vez un insólito Estado sin territorio con sede en Roma, una orden religiosa y una poderosa organización caritativa.
Actualmente cuenta con 13.500 caballeros, entre ellos unos cincuenta religiosos, que se ocupan de la obra hospitalaria y humanitaria de la Orden con más de 100.000 empleados o voluntarios en 120 países.
La crisis en el seno de la Orden y en sus relaciones con el Vaticano comienza con una disputa en la cumbre de la Orden en 2016 cuando el Gran Maestre de la Orden de Malta, que es su jefe, pide al Gran Canciller que dimita.
Algunos caballeros de la Orden se oponen y piden al papa que intervenga. Francisco envía una comisión de investigación y obtiene la dimisión del Gran Maestre, cuyas decisiones son anuladas, según el sitio de información religiosa Korazym.
El papa nombra también un «delegado pontificio», su representante personal ante la Orden, y comienza un trabajo sobre una amplia reforma de la Carta Constitucional de la Orden.
Los debates fueron difíciles sobre la soberanía de la Orden de Malta.
El proyecto de reforma de la Carta Constitucional elaborado por el delegado papal prevé que la Orden de Malta sea «un asunto de la Santa Sede», lo que los caballeros rechazan, temiendo que la Orden quede reducida a «una asociación de religiosos», según Korazym.
En su decreto, el papa recuerda una decisión de 1953 de un Tribunal de Cardenales según la cual «las prerrogativas de la Orden (…) no constituyen ese conjunto de prerrogativas y poderes propios de los Estados soberanos».
«Al ser una orden religiosa, depende (…) entonces de la Santa Sede», concluye Francisco.
