Estados Unidos dijo el miércoles que la oficina del presidente ruso, Vladimir Putin, está gestionando directamente el traslado forzado de miles de ucranianos a Rusia.
El Departamento de Estado estadounidense exigió que Rusia detuviera el programa, en momentos en que el Consejo de Seguridad de la ONU se apresta a abordar el tema.
«Estados Unidos tiene información de que funcionarios de la administración presidencial rusa están supervisando y coordinando las operaciones de filtrado» de miles de ucranianos, dijo el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.
Estos funcionarios del más alto nivel «proporcionan listas de ucranianos a los que apuntar», agregó durante una rueda de prensa, acusando a «Rusia de llevar a cabo estas operaciones como parte de sus esfuerzos por anexar partes de los territorios de Ucrania bajo su control».
El Kremlin ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por trasladar a adultos y niños ucranianos a Rusia desde que invadió Ucrania el 24 de febrero.
Patel afirmó que la reubicación forzada, o filtración, apunta a personas que Moscú considera como potenciales amenazas para el control ruso de Ucrania.
Algunos son reubicados en campamentos rusos para desalojar poblaciones en las regiones del este de Ucrania que Rusia ha ocupado; otros son enviados a prisiones en Rusia, según funcionarios estadounidenses.
Las operaciones se hacen con ayuda de tecnología como reconocimiento facial y datos biométricos, así como bases de datos para encontrar y sacar a personas de sus casas, según Patel.
«Rusia ha recurrido sistemáticamente a la práctica de las deportaciones forzadas anteriormente, y es difícil exagerar el miedo y la miseria que evoca para las personas obligadas a vivir bajo el control del Kremlin», dijo Patel.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse este miércoles para discutir del asunto.
En julio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acusó a Rusia de deportar a la fuerza a más de 1,6 millones de ucranianos.
«El traslado y deportación ilegal de personas protegidas es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles y es un crimen de guerra», dijo Blinken.
