Nancy y su hermana pasaron casi año y medio presas en México siendo inocentes. Se consideran víctimas de una norma que ha llevado a que miles de personas permanezcan encarceladas sin sentencia ni recursos para defenderse.
«Me sentía como desesperada, sin ver a mis niños, cuando me dijeron que mi proceso lo iba a llevar en prisión preventiva», dice a la AFP la mujer de 26 años, quien prefiere omitir su apellido.
Se refiere a una medida que data de 1917 y autoriza a los jueces a mantener bajo arresto a un sospecho solo por endilgársele uno de los delitos previstos para ello en la Constitución.
Las conductas atribuidas a Nancy y su hermana (venta de drogas y posesión de armas) figuraban en ese catálogo, ampliado en 2019 por el oficialismo de izquierda en el Congreso, aduciendo que era necesario para la lucha contra el crimen y la impunidad.
Pero las jóvenes solo eran víctimas del infortunio. Dedicadas a la prostitución en el norte del país, fueron detenidas en noviembre de 2020 en el vehículo de un cliente que portaba drogas y armamento.
El hombre escapó, mientras Nancy y su hermana fueron encarceladas. El juez les dictó la medida de prisión oficiosa por expendio de drogas.
– Indefensos y pobres –
Casos como este convocaron a la Suprema Corte de Justicia a un debate de tres días sobre la legalidad del artículo, que concluyó este jueves sin un fallo.
El magistrado que proponía derogar la norma retiró su proyecto, que parecía encaminarse a la derrota, y anunció que presentará uno nuevo en fecha por definir.
En México hay unas 92.000 personas en prisión preventiva de oficio o justificada, según cifras oficiales. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha pedido eliminar la modalidad automática por considerar que viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Nancy, quien llevó un embarazo en prisión, confiesa que solo sentía coraje e impotencia. «Yo era inocente y me estaban acusando a capa y espada», afirma. «El chiste (propósito) es tener a alguien ahí adentro. Ellos quieren refundirte en la cárcel y sin saber si eres inocente o no».
Sin dinero para pagar un abogado, finalmente les asignaron un defensor de oficio, funcionarios que por lo general cargan con un sinnúmero de casos, según juristas.
El propio presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, defiende la eliminación de la prisión de oficio aduciendo, entre otras cosas, que afecta principalmente a gente pobre y acusada de delitos menores.
La defensa logró demostrar que la presencia de las jóvenes en el vehículo era circunstancial.
«Mi abogada me dijo: ‘tu bebé va a nacer fuera’ y la vi muy segura. Ya cuando el juez empezó a absolvernos de todo, eso para mí fue un aliento de paz», comenta Nancy.
