El Banco Mundial ayudará a América Latina y el Caribe a afrontar la crisis climática promoviendo estrategias de adaptación y combate al fenómeno, según una hoja de ruta presentada este miércoles.
América Latina y el Caribe genera sólo el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero este porcentaje puede subir si no se toman medidas, advierte el BM.
El cambio climático ya está causando daños económicos en la región, al aumentar la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Y amenaza con arrastrar a la pobreza extrema a entre 2,4 y 5,8 millones de personas en esta parte del mundo para el 2030, señala el informe.
Los daños en infraestructura ocasionados por estos fenómenos cuestan más del 1% del PIB a la región, y hasta el 2% del PIB anual en varios países de América Central, como República Dominicana, Nicaragua y Panamá.
El cambio climático tiene impactos negativos en la mayoría de los cultivos, afectando así a la seguridad alimentaria. Como ejemplo, el BM señala que en Argentina, las sequías podrían provocar pérdidas de rendimiento de la soja de hasta el 50% para 2050.
Asimismo, provoca déficits de precipitaciones muy graves en el Caribe, modifica los ecosistemas marinos y hace que los bosques se sequen. En la cuenca del Amazonas la selva podría convertirse en sabana por la combinación de cambio climático y deforestación.
Ante este panorama, el BM propone establecer estrategias a largo plazo, basadas en su Plan de Acción Climática 2021-2025, que se ha fijado como objetivo destinar un promedio del 35% de los préstamos al financiamiento de cuestiones climáticas durante cinco años.
En América Latina y el Caribe el foco se pone en la adaptación, «en una «resiliencia a largo plazo» para «salir de la frecuencia y de la intensidad de los efectos extremos» y no tener pérdidas económicas descomunales, declaró Ana Bucher, especialista de Medio Ambiente en el Banco Mundial, durante una rueda de prensa virtual.
Las prioridades del BM en la región en materia climática son la agricultura, los sistemas alimentarios, la energía, el transporte y las ciudades.
Sin una acción concertada, para 2050, más de 17 millones de personas de la región podrían verse obligadas a desplazarse, lo que podría incrementar la población urbana en hasta un 10%, estima el informe.
