El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una sexta prórroga por 30 días de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, y con el que se ha detenido a poco más de 52.000 personas, presuntos pandilleros.
El régimen de excepción se prolonga «en todo el territorio nacional por el término de 30 días», señaló el decreto aprobado con los votos de 65 diputados, aliados del gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país», señaló el presidente del Congreso, Ernesto Castro, previo a someter a votación la medida solicitada por el gobierno.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido del gobierno para decretar el régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre, y ha permitido detener sin orden judicial a poco más de 52.000 presuntos pandilleros.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
La mayoría de pandilleros están relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El régimen de excepción ha sido constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para irrespetar derechos de los detenidos.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, puso el martes en su cuenta de Twitter que el régimen de excepción «ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos».
Para la representante de HRW, El Salvador es un país donde «cualquiera está expuesto a sufrir abusos» debido a ese régimen.
Antes de la «guerra» emprendida por el gobierno contra las pandillas, había unos 16.000 de sus miembros encarcelados.
