La ONG Human Right Watch (HRW) ha exigido al Gobierno de Sri Lanka a revertir una nueva ley que restringe las protestas en grandes áreas de Colombo, la ciudad más poblada del país y donde se encuentra la sede del Gobierno.
Así lo ha pedido la organización en un comunicado emitido este miércoles, en el que recuerdan que 84 personas han sido arrestadas desde que la ley fuese aprobada el pasado 24 de septiembre.
«La nueva y radical regulación que restringe severamente las protestas públicas en Colombo es el último intento desesperado del presidente Ranil Wickremesinghe para evitar que la gente proteste», ha dicho el director de HRW para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.
«Mientras el país está luchando para lidiar con una profunda crisis económica, el Gobierno debería facilitar que se escuchen las voces de las personas, no enviarlas a la cárcel cuando hablan», ha añadido.
El 23 de septiembre, el Gobierno de Sri Lanka invocó la Ley de Secretos Oficiales para designar calles públicas y edificios gubernamentales en el centro de Colombo como «zonas de alta seguridad», donde se requiere un permiso por escrito de la Policía para celebrar reuniones públicas.
Según el reglamento, la Policía tiene una amplia autoridad para arrestar a cualquier persona dentro de estas zonas y solo el Tribunal Superior puede conceder la libertad bajo fianza a los detenidos, según ha detallado HRW.
«Estas amplias y severas restricciones amenazan con el uso excesivo de la fuerza y la detención prolongada de las personas que ejercen sus derechos de reunión pacífica y de expresión», ha señalado la ONG.
Los habitantes de Sri Lanka han protestado con frecuencia durante 2022 en medio de una crisis económica y el colapso del nivel de vida, lo que llevó a la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa en julio.
Las autoridades, por su parte, han respondido con dureza a las protestas con un uso excesivo o innecesario de la fuerza, incluidas armas «menos letales», como cañones de agua.
La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, un organismo gubernamental independiente, ha aseverado que la regulación «viola gravemente los derechos fundamentales de la gente de este país», mientras que el Colegio de Abogados ceilandés ha sostenido que la orden «busca restringir significativamente la libertad del ciudadano, sin ninguna base razonable o legal».
El Gobierno de Sri Lanka afirmó ante los diplomáticos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que estaba imponiendo una moratoria en el uso de la Ley de Prevención del Terrorismo –que se ha utilizado durante mucho tiempo para facilitar la tortura y la detención arbitraria–.
Ante ello, el Consejo de Derechos Humanos está considerando adoptar una resolución sobre Sri Lanka para promover la rendición de cuentas por violaciones pasadas de los Derechos Humanos y proporcionar un seguimiento de la situación de los mismos.
«Las repetidas promesas incumplidas del Ejecutivo sobre cuestiones de derechos y la represión acelerada bajo el presidente Wickremesinghe muestran que una resolución firme del Consejo de Derechos Humanos es crucial para ayudar a prevenir más violaciones», ha remachado la organización, instando a los habitantes del país a pedir reformar de manera pacíficas.
«Los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben hacer todo lo posible para ayudar a las personas a ejercer sus derechos y libertades básicos», ha añadido HRW.
