El Ejército de México afirmó este miércoles que no espía a activistas o periodistas, tras una filtración de archivos oficiales que apunta a que la institución habría intervenido los teléfonos de al menos tres personas desde 2020.
La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) «no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas», sostuvo el organismo estatal en un comunicado.
El Ejército mexicano se alinea así a lo dicho el martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el instituto «no se mete a hacer espionaje en el tiempo que estamos nosotros», aludiendo a su periodo de mandato, que empezó en diciembre de 2018.
Estas afirmaciones se producen después de que varios medios publicaran recientemente información robada al Ejército por el grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya.
Según los archivos publicados, el Ejército siguió utilizando el software de espionaje Pegasus, a pesar de que López Obrador negara el año pasado que este programa se estaba usando durante su mandato.
Entre los objetivos espiados figuran un periodista, un columnista de prensa y un activista de derechos humanos, cuyos teléfonos habrían sido jaqueados al menos entre 2020 y 2021, según una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
La Sedena reconoció este miércoles estar facultada «para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada», cuyo objetivo es capturar a líderes criminales o ubicar instalaciones de producción y almacenamiento de drogas.
Alegó además que la contratación de Pegasus, un software de fabricación israelí, se realizó entre junio de 2011 y agosto de 2013 y se utilizó «única y exclusivamente» para mantener la seguridad y capacidad operativa del ejército y la fuerza aérea.
Las denuncias sobre el uso indebido de Pegasus en México se remontan a 2017, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y reflotaron en julio de 2021 tras nuevas revelaciones periodísticas.
Es la primera vez que se conoce que el programa, que se vende únicamente a gobiernos, se habría utilizado también durante la gestión de López Obrador.
Las filtraciones de Guacamaya, que previamente atacaron a países como Chile, también dan cuenta de que el presidente fue sometido a un cateterismo en enero pasado por riesgo de infarto, y de supuestas denuncias de acoso sexual en las Fuerzas Armadas mexicanas.
