Un tribunal de Bogotá ha condenado a 49 meses de prisión y a 80 salarios mínimos legales vigentes al exdirector de inteligencia de los antiguos servicios secretos colombianos (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), Laude José Fernández Arroyo, por el delito de concierto para delinquir dentro del escándalo de las ‘chuzadas’ o espionaje ilegal contra el sindicato de la aerolínea Avianca cuando Fernández trabajaba para una empresa de seguridad.
El fallo recoge sin embargo la prescripción por el delito de violación ilícita de comunicaciones que se le había imputado.
En concreto, Fernández ha sido condenado por la intercepción de comunicaciones de los capitanes Jorge Mario Medina, Jaime Hernández y Julián Pinzo, líderes del paro de pilotos de 2017. Las ‘chuzadas’ afectaron no solo a estos dirigentes de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), sino también a sus familias, entre ellos menores de edad.
Fernández, quien entonces era representante legal de la multinacional Berkeley Research Group (BRG) en Colombia, una empresa dedicada a brindar seguridad a las grandes empresas, participó en las ‘chuzadas’ que se hicieron desde la plataforma ‘Esperanza’ de la Fiscalía General para interceptar comunicaciones.
Así, influyó para que desde la Fiscalía se hicieran las interceptaciones ilegales, aprovechando sus contratos con Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá.
El exdirector de inteligencia del DAS firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que reconocía su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor en concurso heterogéneo y violación ilícita de comunicaciones. Sin embargo, este último hecho ha prescrito.
En la negociación reconoció que Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá lo contrataron en su momento para realizar labores relacionadas con la inteligencia corporativa. La jueza le ha negado el benefició de la prisión domiciliaria, por lo que deberá permanecer privado de la libertad en una cárcel.
El DAS colombiano fue disuelto en 2011 en gran medida debido al conocido como escándalo de las ‘chuzadas’ en el que se demostraron escuchas e interceptación ilegal de comunicaciones a jueces, periodistas, políticos de la oposición y defensores de Derechos Humanos en colaboración con organizaciones paramilitares.
