Un juez federal estadounidense aprobó una serie de medidas para proceder a la venta de acciones de Citgo, subsidiaria en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, con el fin de compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina en Venezuela, anunciaron fuentes judiciales.
Leonard Stark, juez de la Corte Federal de Distrito en Delaware, presentó un documento, con fecha del 7 de octubre, en el que aprueba los procedimientos para la venta y oferta de dichas acciones.
Dichas medidas son «justas», «razonables», «apropiadas» y están «diseñadas para promover un proceso de oferta competitivo y sólido» que genere el «mayor nivel de interés», asegura el juez que ya había esbozado en un documento del 14 de enero de 2021 las directrices para dicha venta.
Tras la designación el 13 de abril de 2021 de Robert Pincus, para fungir como «encargado especial» de dicha venta, el conjunto de procedimientos adoptados tras seis revisiones, «regirán las ofertas y los procedimientos relacionados con cualquier venta de acciones de PDYH» (como se denomina Citgo en Estados Unidos).
Pincus está autorizado a «tomar todas las acciones razonables necesarias o deseables para llevar a cabo dicha orden», asegura el documento judicial.
El caso se remonta a 2011, luego de que el gobierno venezolano del fallecido presidente Hugo Chávez expropió una mina de oro que había sido adjudicada a Crystallex, sin pagarle los 1.200 millones de dólares que había dispuesto un arbitraje internacional. Desde entonces la cantidad ha ido aumentando debido a los intereses acumulados.
Al igual que Crystallex, muchos acreedores han intentado ir contra Citgo, que tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con tres refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos, para obtener la liquidación de sus deudas, que el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, con problemas de liquidez, no puede o no quiere pagar.
Estados Unidos, que desconoce el segundo mandato de Maduro por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas, impuso una batería de sanciones para presionar su salida, que alcanzan a PDVSA.
El pasado 1 de octubre, el gobierno de Maduro y la administración estadounidense de Joe Biden llegaron a un acuerdo para un canje de presos, entre ellos, cinco exdirectivos de Citgo acusados de corrupción y condenados a entre ocho y 13 años de cárcel en Venezuela, que se suman a otro liberado en marzo.
El gobierno venezolano denunció este miércoles «la ilegal orden dictada por el juez» para establecer los procedimientos «para una pretendida venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum».
«El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta» a quien acusa de estar «alineado» con Crystallex.
