El representante de Naciones Unidas para Malí, El Ghassim Wane, ha elogiado el acuerdo alcanzado en julio entre la junta militar y la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), aunque ha alertado de que los logros de los últimos meses pueden desvanecerse por el aumento del terrorismo y el recrudecimiento de la situación humanitaria en el país.
«Está prevista la realización de un referéndum constitucional en marzo de 2023 tras la presentación el pasado 11 de octubre del proyecto de Constitución al presidente de la Transición. Esto enfatiza la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción», ha indicado en un informe ante los Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En este sentido, ha subrayado que gracias a este pacto entre la CEDEAO y Malí se prevé el establecimiento de un Parlamento bicameral y el reconocimiento de métodos alternativos de resolución de conflictos con el objetivo de implementar el acuerdo de paz de 2015.
La CEDEAO impuso sanciones el pasado mes de noviembre tras constatar la falta de avances en los preparativos de las elecciones, unas medidas que incluyeron el cierre de fronteras, la congelación de activos malienses y la suspensión de intercambios comerciales y financieros. Estas medidas se levantan gracias al pacto, aunque se mantendrán las sanciones individuales contra los dirigentes de la junta.
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«Su aprobación por el Consejo de Ministros se espera para finales de noviembre. Además, desde la aprobación de la Ley Electoral en junio, se han tomado medidas para establecer el organismo único de gestión electoral», ha enumerado.
El representante de Naciones Unidas para Malí también ha destacado el acuerdo entre el Gobierno y la coalición rebelde tuareg Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA) para la integración por tramos de 26.000 excombatientes en el Ejército Nacional.
«Pero estos acontecimientos tienen lugar en el contexto de una situación de seguridad, humanitaria y de Derechos Humanos muy difícil, especialmente en el centro y en la zona de la triple frontera entre Malí, Burkina Faso y Níger», ha precisado.
Así, ha recalcado que las actividades de Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) –una coalición de grupos armados afiliados a Al-Qaeda–, han aumentado «considerablemente» en localidades como Ménaka y Gao.
Además, a esta situación hay que añadir el aumento de los desplazados internos en el país. El balance ha pasado de 350.000 personas a más de 422.000 en el centro y norte del país, mientras que más de 175.000 refugiados malienses se encuentran en los países vecinos.
«Esa cifra podría aumentar a 2,3 millones para noviembre de 2022. Más de 1,2 millones de niños menores de 5 años están afectados por desnutrición aguda. El pasado mes de mayo, más de 1.950 escuelas en Malí fueron cerradas por la inseguridad, afectando a más de 587.000 niños, principalmente en la región central de Mopti», ha relatado.
Finalmente, ha precisado que «es imperativo» que se haga «todo lo posible» para garantizar que «las operaciones militares dirigidas por el Gobierno se lleven a cabo de conformidad con los Derechos Humanos», al tiempo que ha dicho que es fundamental que los autores de violaciones y abusos «rindan cuentas».
